En Córdoba casi nadie termina preso: de cada 100 causas penales, la mayoría muere en el archivo

La Justicia penal de Córdoba recibe cientos de miles de expedientes por año, pero solo una porción mínima llega a una resolución. Según los propios registros oficiales del Poder Judicial provincial, apenas el 4% de las causas que se inician consigue una respuesta, y el resto se acumula hasta prescribir.

El dato surge del Centro de Gestión Estratégica y Estadísticas del Poder Judicial de Córdoba, que releva el ingreso de causas en todas las circunscripciones judiciales de la provincia.

Menos causas, pero el mismo cuello de botella

En 2023 ingresaron 302.318 expedientes penales, con un promedio de 25.193 por mes. Al año siguiente la cifra bajó a 294.315, con 24.526 mensuales. En 2025 se registraron 276.885 causas, un promedio de 23.074.

El corriente año, todavía en curso, acumula 194.753 expedientes, lo que arroja un promedio de 19.475 causas por mes. La caída respecto de 2023 ronda el 22%.

¿A qué se debe ese descenso? Una de las explicaciones posibles aparece en los informes del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Provincia, que viene señalando un retroceso en la cantidad de hechos delictivos en los últimos años.

La otra cara: la capacidad de resolver

Más allá de si ingresan 302.318 o 194.753 expedientes, los números oficiales muestran que la capacidad de respuesta del fuero penal es muy limitada.

En 2023 se resolvieron apenas 12.748 causas: 4.347 se archivaron y 3.938 terminaron en condena. Al año siguiente las resoluciones llegaron a 12.833, con 4.963 condenas, 3.399 archivos, 2.829 sobreseimientos totales y 749 parciales.

En 2025 las causas con alguna respuesta fueron 12.704, y ese año se dictaron 5.333 condenas. En lo que va de 2026, en toda la provincia se contabilizan 9.065 resoluciones, con 3.595 condenas y 2.199 archivos.

La cuenta es elocuente: frente a los cientos de miles de causas que se abren cada año, solo alrededor del 4% encuentra una salida.

«La gran mayoría termina en prescripción»

Alberto Fernández, presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto, puso números concretos a esa realidad en diálogo con la prensa.

«En Río Cuarto, el año pasado ingresaron 12 mil causas y se resolvieron 860. Es la información que surge de la página oficial y que no ha sido desmentida por ningún funcionario. ¿Qué va pasando con el resto de las causas, con las que no se resuelven? La gran mayoría termina en prescripción. No hay investigación, no hay sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Pasa el tiempo y prescribe. Es lógico si hay cuatro fiscales y reciben 12 mil causas en un año. Terminan priorizando los casos más importantes, los delitos más graves, donde hay personas presas. Pero quedan sin resolver estafas millonarias, robos, hurtos, abigeatos, que se van postergando hasta que prescriben», sostuvo.

Para el titular del Colegio, esa situación afecta directamente los derechos de quienes denuncian. «A una persona que le entraron a robar a la casa, que la desvalijaron, le sacaron el patrimonio que tiene. Hace la denuncia penal y no hay investigación, la causa no avanza y prescribe. Eso ocurre en la mayoría de los casos, no es una excepcionalidad», agregó.

Fernández reclamó que el Estado reoriente sus recursos y redefina sus gastos para brindar un servicio de Justicia más eficiente.