En Esperanza cobraban coimas por firmar verificaciones truchas: tres policías condenados

El Tribunal de Santa Fe condenó a tres policías de la Unidad Regional XI de Esperanza por cobrar coimas a cambio de adulterar formularios de verificación de automotores. El juez Leandro Lazzarini impuso penas de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer la función policial.

Los condenados son el subinspector Luis Rodrigo Uleric, de 35 años, y los suboficiales Bernardo Agustín González, de 54, y Bruno Santiago Vignatti, de 36. Todos pertenecían a la sección Verificación Automotor de la regional con asiento en el departamento Las Colonias.

Las multas que deberán pagar

Además de la pena en suspenso, cada uno recibió una sanción económica: González deberá desembolsar 11.520.000 pesos, Vignatti 8.000.000 y Uleric 17.260.000. Durante tres años no podrán tener ni portar armas de fuego, y tendrán prohibido acercarse a menos de 200 metros o contactar a los testigos y a los otros imputados del legajo.

La investigación, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, no termina con estas condenas. Hay un cuarto agente en prisión preventiva y una gestora que fue imputada por su rol en la maniobra.

Cómo operaba la banda

Según el fiscal, los delitos se cometieron «de forma ininterrumpida» en la planta de verificación vehicular de Esperanza al menos desde enero de 2020 hasta septiembre pasado. La gestora pagaba a los policías para que confeccionaran, sellaran y firmaran los formularios 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA), el instrumento obligatorio para transferir un dominio o inscribir un cero kilómetro.

«Los policías actuaban sin seguir el trámite administrativo estipulado y sin que los verificadores inspeccionen por sí mismos los vehículos», detalló Hernández. En algunos casos el formulario ya estaba completo; en otros, los agentes se lo entregaban a la gestora firmado pero en blanco.

El dinero se movía en efectivo durante encuentros personales o mediante transferencias bancarias. El delito por el que fueron condenados es cohecho pasivo.

El fiscal remarcó que las condenas no cierran la causa: «de ninguna manera obturan la posibilidad de investigar cualquier nueva situación irregular que se detecte en relación a estos funcionarios», como haber omitido denunciar que alguno de los vehículos verificados provenía de un ilícito o tenía pedido de secuestro.