En Jujuy, hijos que vuelven a vivir con sus padres: el motivo que encendió la alarma

La falta de acceso a la tierra y a una vivienda adecuada dejó de ser un problema individual para convertirse en una crisis que atraviesa a miles de familias jujeñas. Así lo plantearon referentes sociales y organismos de derechos humanos durante el Congreso de Hábitat Digno, un encuentro en el que se pusieron sobre la mesa los diagnósticos de una provincia donde los bajos salarios, la pérdida de empleo y los alquileres por las nubes empujan a convivir en espacios cada vez más chicos.

Fabiola Suárez, referente de Derechos Humanos y coordinadora de la comisión sobre Derechos Humanos y Violencia Institucional, fue una de las voces que describió esa realidad. Para ella, el punto de partida es una definición simple pero contundente: "El hábitat es un derecho básico y fundamental de todo ser humano: poder contar con un lugar donde vivir dignamente".

La referente contó que aceptó coordinar ese espacio de trabajo con entusiasmo, porque le permite escuchar y aportar desde su organización a una problemática que crece. Y advirtió que lo que se discute en esas reuniones no es una abstracción: son situaciones que se repiten puertas adentro de miles de hogares.

Cuando la casa se vuelve refugio de todos

El fenómeno que más preocupa a los participantes del congreso es el hacinamiento. Según describió Suárez, cada vez son más las familias que deben compartir un techo porque los ingresos no alcanzan para sostener un alquiler.

"Muchos hijos tienen que volver a la casa de los padres o llevarse a los padres a vivir con ellos porque las jubilaciones son mínimas y no pueden afrontar un alquiler", explicó. Esa convivencia forzada, lejos de resolverse en armonía, arrastra otras consecuencias: "Todo esto provoca un hacinamiento que trae aparejado conflictos familiares, violencia de género, consumo problemático y falta de una alimentación adecuada".

El diagnóstico no se limita al techo. La referente puso el foco en cómo las deficiencias de las viviendas y de la infraestructura de los barrios impactan de lleno en la vida escolar de los chicos. "La poca alimentación que reciben los chicos no ayuda a que puedan retener contenidos, lo que genera deserción escolar", señaló.

A eso sumó otra carencia que se repite en distintos puntos de la provincia: barrios donde se construyeron casas pero no se planificaron los servicios básicos. "Faltan puestos de salud, centros deportivos, escuelas cercanas y transporte público de calidad", enumeró.

Las propuestas que buscan llevar al Ejecutivo

Con ese panorama sobre la mesa, las organizaciones que impulsaron el congreso elaboraron una serie de iniciativas legislativas e institucionales que pretenden elevar al Poder Ejecutivo provincial. La idea es transformar los diagnósticos en herramientas concretas de contención para las familias vulneradas.

El primer eje es la aprobación de una Ley de Hábitat Digno. A eso se suma la creación de un Observatorio que permita registrar cuántas tierras y viviendas se entregan, y también cuántos desalojos se concretan en la provincia.

El segundo punto tiene que ver con el modo en que se ejecutan los desalojos. Suárez fue enfática al respecto: "Los desalojos que se producen son con mucha violencia y presencia policial, sin prevenir la situación de los niños". Por eso, las organizaciones piden que se frenen los procedimientos que no contemplan el resguardo de los menores y que se garantice la contención de las familias afectadas.

La tercera propuesta apunta al acceso a la Justicia. Según planteó la referente, afrontar un abogado hoy resulta sumamente costoso para las familias que atraviesan un desalojo, por lo que reclaman asistencia jurídica gratuita para que puedan defenderse en igualdad de condiciones.