En la Comisión de Género, docentes de ADEP denunciaron salarios de pobreza y persecución sindical

En el marco del paro contra las paritarias y los tarifazos, un grupo de educadoras de nivel primario llevó sus reclamos hasta la Comisión de Género de la Legislatura jujeña. Allí visibilizaron la precarización salarial, el pluriempleo, el deterioro de la salud mental y lo que calificaron como persecución estatal contra la autonomía sindical.

La reunión fue encabezada por la presidenta de la comisión, Natalia Morales, del Frente de Izquierda, acompañada por legisladores de su mismo bloque. El resto de los integrantes —tanto del oficialismo como de la oposición tradicional— estuvieron ausentes.

¿Qué expusieron las docentes?

Durante la audiencia pública, que se extendió por más de una hora, las trabajadoras de la educación detallaron el crítico panorama socioeconómico que atraviesa el sector, mayoritariamente feminizado y compuesto por madres y jefas de hogar. Entre los puntos más salientes, cuestionaron el piso salarial dispuesto por el Ejecutivo provincial, al que tildaron de "sumas de miseria" frente a la inflación y los recientes tarifazos.

También alertaron sobre la sobrecarga laboral y la multifunción dentro de las escuelas, factores que generan un severo desgaste emocional y que, según denunciaron, ya provocaron el fallecimiento de trabajadoras del sector. En materia de vivienda, señalaron trabas para acceder a licencias y a programas sociales o terrenos, con discriminaciones administrativas hacia docentes solteras o sin hijos.

Otro reclamo central fue la crítica a los protocolos oficiales que intentan responsabilizar administrativamente al personal por deficiencias de infraestructura o accidentes dentro de los establecimientos educativos.

La palabra de Natalia Morales

La legisladora Natalia Morales dialogó con Radio 2 y afirmó: "Escuchamos denuncias gravísimas. Hablan de un ministerio con puertas abiertas, pero la única respuesta real del Gobierno son amenazas de descuento, inasistencias injustificadas y amedrentamiento a las mujeres que sostienen la educación pública en medio de salarios de pobreza".

Además, las representantes docentes reiteraron sus críticas contra el Ministerio de Educación por la intromisión estatal en los asuntos gremiales y la negación del derecho constitucional de huelga. En particular, objetaron la retención de los fondos de aportes sindicales y las advertencias públicas sobre el descuento de los días de paro.