En Río Grande ya no alcanza con despidos: lo que ahora cierra las fábricas
En Río Grande, una empresa tras otra empezó a transitar el mismo camino: primero los retiros voluntarios, después los despidos. El informe que acaba de revelar dónde quedó Tierra del Fuego en el ranking nacional muestra qué pasó cuando el proceso avanzó un paso más.
Tierra del Fuego quedó entre las jurisdicciones con más conflictos laborales del país durante el gobierno de Javier Milei: 45 casos sobre 953 relevados en todo el territorio nacional, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El dato la coloca en el sexto puesto del ranking, pese a tener una población y una economía mucho más chicas que los distritos que la rodean en la tabla.
El relevamiento, difundido el 12 de noviembre, abarca desde enero de 2024 hasta el 5 de noviembre de 2026. En ese lapso la provincia concentró el 4,7% de los conflictos laborales identificados en el país.
Quiénes están arriba y quiénes abajo
Por encima de Tierra del Fuego aparecen Buenos Aires, con 266 casos; Santa Fe, con 99; Córdoba, con 66; La Rioja, con 65; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 54. Detrás se ubican Entre Ríos, San Juan y Tucumán, entre otras provincias.
La posición fueguina llama la atención por el peso que tiene la actividad manufacturera en su estructura económica. En Río Grande, varios sectores industriales arrastran reducciones de personal, retiros voluntarios y una incertidumbre que no se termina de disipar sobre la continuidad de los puestos de trabajo.
Los casos que marcaron el año en la isla
Entre los antecedentes recientes aparece BGH, donde se conoció un proceso de reducción de personal a través de retiros voluntarios. A eso se suman los conflictos vinculados con Mirgor y los despidos denunciados en el sector autopartista.
También está la situación de Aires del Sur, que atravesó una crisis laboral antes de avanzar en la reincorporación de trabajadores bajo un nuevo esquema productivo, junto con las dificultades que enfrenta la industria textil.
El informe del CEPA no individualiza cuáles son los 45 conflictos fueguinos, pero esos antecedentes permiten ver las tensiones que atraviesa el empleo privado provincial, sobre todo en las actividades ligadas a la producción industrial.
La industria, en el centro de la tormenta
A nivel nacional, uno de los datos más fuertes del estudio es que la industria concentra el 65,3% de los conflictos laborales registrados: casi dos de cada tres casos. Las actividades más golpeadas son la textil, la alimenticia, la metalúrgica y la siderúrgica.
El informe asocia esa situación con la caída del consumo, la apertura de importaciones y las dificultades de numerosas empresas para sostener sus niveles de producción. Los servicios representan el 15,9% de los conflictos, el comercio el 8,4%, las actividades primarias el 7,9% y la construcción el 2,5%.
Por qué se conflictúan las empresas
Los despidos encabezan los motivos con el 53,7% de los casos. Les siguen los cierres de empresas, con el 17,5%; las crisis empresariales, con el 10,7%; y las suspensiones, con el 9,1%. El resto se reparte entre quiebras, retiros voluntarios, concursos preventivos y reclamos por condiciones laborales.
El estudio también incorpora datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo registrados en Argentina. Es un indicador distinto al del relevamiento de conflictos, pero permite dimensionar cómo evolucionó el empleo formal en el período.
Del despido al cierre definitivo
Uno de los ejes centrales del informe es el cambio en la gravedad de las situaciones. Durante 2024 predominaban los despidos y las suspensiones; con el correr del tiempo empezaron a ganar terreno los cierres definitivos de establecimientos, las quiebras y los concursos preventivos.
El CEPA detalló que esas situaciones representaban el 6,2% de los conflictos en 2024, subieron al 17,6% en 2025 y alcanzaron el 39,9% en lo que va de 2026. La tendencia se profundizó en el segundo semestre de este año, cuando el 56,5% de los casos registrados correspondió a cierres, quiebras o concursos preventivos.
El relevamiento identificó además al menos 46 empresas que primero atravesaron despidos, suspensiones o crisis y después terminaron en procesos de cierre, quiebra o concurso preventivo. En esa lista figuran Electrolux, Dass, Metalfor, Granja Tres Arroyos, Musimundo y SanCor.
La evolución mensual también muestra un salto: entre enero de 2024 y octubre de 2025 se registraban en promedio 25 casos por mes, mientras que entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 el promedio trepó a 33, una suba del 32%.
Qué tipo de empresas son las más afectadas
Las pymes concentran el 41% de los conflictos relevados. Les siguen los conglomerados extranjeros, con el 23,5%; las grandes empresas, con el 21,8%; los grandes grupos económicos, con el 9,7%; y las empresas estatales, con el 4%. Además, el 74,2% de los casos corresponde a compañías de capital nacional.
Para Tierra del Fuego los números reflejan un escenario especialmente sensible, por la dependencia de una parte importante del empleo privado respecto de la industria. La presencia de la provincia entre las seis jurisdicciones con más conflictos vuelve a poner en primer plano las dificultades de su entramado productivo.
Las limitaciones del informe
El propio CEPA advierte que los datos corresponden a conflictos identificados mediante el seguimiento de medios de comunicación y fuentes sindicales, por lo que no constituyen un censo exhaustivo de todas las situaciones ocurridas. Tampoco permiten establecer una tasa de conflictividad en función de la cantidad de habitantes o trabajadores de cada provincia, ni determinar cuántas personas fueron afectadas específicamente en Tierra del Fuego.
Aun con esas limitaciones, el relevamiento muestra que la provincia forma parte de un escenario nacional de conflictividad laboral creciente, en el que los despidos, las crisis empresariales y el cierre de establecimientos ganaron cada vez más peso en los últimos años.