Encontraron a decenas de personas en un campo y lo que vivían dejó helados a los investigadores

Un productor rural podría enfrentar hasta 8 años de prisión por un caso de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, tras descubrirse condiciones inhumanas en un campo de frutillas donde trabajaban decenas de personas.

La Fiscalía Federal de Santa Fe solicitó que Franco Poccia, de 25 años, sea llevado a juicio oral. El pedido está vinculado a la detección, en octubre de 2025, de 20 personas sometidas a condiciones de vida y trabajo inhumanas en un campo de cultivo de frutillas en Arroyo Leyes, propiedad del acusado.

¿Cómo comenzó la investigación?

La investigación se inició el 17 de septiembre de 2025, a partir de la denuncia de tres víctimas en una comisaría local. Una de ellas refirió que habían escapado de un campo ubicado sobre la ruta provincial N°1, a unos 22 kilómetros de Santa Fe.

El 1° de octubre se realizó un allanamiento al campo de frutillas, donde se identificó a 42 trabajadores, que se sumaron a los tres denunciantes iniciales. Si bien al formalizar la investigación en octubre de 2025 se contabilizaron 45 personas como presuntas víctimas, la acusación finalmente se enfocó en 20 de ellas.

¿Qué condiciones encontraron?

La acusación describe condiciones de extrema precariedad. Los trabajadores dormían en galpones o construcciones improvisadas, con techos de chapa, piso de tierra y cajones de madera utilizados como camas. El lugar carecía de instalaciones sanitarias adecuadas y de acceso regular a agua potable.

Según la fiscalía, las personas debían higienizarse en zonas de monte con baldes y consumir agua almacenada en bidones de agroquímicos. Las jornadas laborales comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, sin descansos, con remuneraciones por debajo de los mínimos legales.

¿Qué decían los testimonios?

Uno de los testimonios volcados en la pieza acusatoria describe esa dinámica: “De lunes a lunes trabajamos. Entramos a laburar a las 3 de la mañana, salíamos a las 11. De las 11, comíamos algo un ratito, ya teníamos que entrar otra vez a las 7 de la tarde. Hasta que baje el sol, ¿viste? Y resulta otra vez a la madrugada. Teníamos que hacer todos los días así, así, así. Y el cuerpo no da más, viste que vos estás cansado y dormís una hora, dos nomás, y no das más. Me dolía todo el pie así, ¿viste? Cuando tenía que ir otra vez”.

La mayoría de las personas provenía del Chaco –principalmente de las localidades de San Bernardo y La Clotilde– y había sido trasladada al campo bajo promesas laborales que no se cumplieron. La acusación sostiene que Poccia financiaba los pasajes y luego descontaba esos montos de los salarios, generando así un sistema de endeudamiento inducido.

¿Qué elementos se incautaron?

En el allanamiento, los investigadores secuestraron más de 10 millones de pesos en efectivo, 4.205 dólares, 12 armas de fuego de distintos calibres y documentación que registraba descuentos aplicados a los trabajadores por insumos básicos, como linternas para las tareas que realizaban en horas nocturnas.

También se incautó una Volkswagen Amarok, cuya titularidad corresponde al imputado. Según la fiscalía, el vehículo era utilizado como instrumento para la comisión del delito, por lo que se solicitó su decomiso.

La acusación fue formulada por los fiscales federales Walter Rodríguez, Milagros Traverso y Marcelo Colombo y constituye el paso previo a la realización de la audiencia en la que se definirá si el proceso avanza a la etapa de juicio oral. En ese marco, los acusadores estiman un pedido de pena de 8 años de prisión.

Para los fiscales, el conjunto de la evidencia permite sostener la existencia de un sistema organizado orientado a “maximizar el rendimiento económico mediante el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas” y a “obtener beneficios a costa de su libertad y dignidad”.