Encontraron una bolsa en el basural de Perito Moreno: lo que había adentro paralizó a los trabajadores

El hallazgo de un recién nacido sin vida en un basural municipal de Perito Moreno, a fines de enero de 2025, desencadenó una investigación que atravesó detenciones, acusaciones graves y marchas atrás judiciales. Ahora, la defensa de la madre imputada pidió el sobreseimiento definitivo y advirtió que recurrirá a instancias superiores si la Justicia no se expide.

Todo comenzó cuando trabajadores que buscaban metales entre los residuos encontraron una bolsa con el cuerpo del bebé. Según la información difundida en ese momento, el pequeño llevaba varias horas muerto cuando fue hallado.

La autopsia se realizó en la morgue judicial de Puerto Deseado. Los primeros informes señalaron que el bebé habría nacido con vida y que su fallecimiento se habría producido por falta de atención médica. También indicaron que no presentaba signos de violencia.

Con el avance del expediente, esas certezas se resquebrajaron. Un examen histológico practicado sobre muestras y tejidos no logró determinar si el bebé había nacido con vida. Esa duda se convirtió en el eje de las decisiones judiciales posteriores.

La detención y la acusación más grave

Dos allanamientos en un complejo de viviendas de Perito Moreno derivaron en la detención de una mujer de 27 años, madre de otros tres hijos, que atravesaba una situación económica muy delicada. Al momento de su detención, según trascendió, se habría quebrado y comenzado a llorar: “Me arrepiento, me arrepiento de lo que hice”.

La joven había estado internada en un centro de salud recuperándose de las pérdidas que tenía tras un parto reciente. Después del alta médica fue trasladada al Juzgado de Las Heras, donde la indagó el juez subrogante Guillermo Ghío.

En esa etapa, la Fiscalía encuadró la investigación como homicidio calificado por el vínculo, un delito con pena de prisión perpetua. El fiscal Ariel Candia calificó la acusación como “gravísima” y se opuso a que la mujer accediera a prisión domiciliaria. La defensa, a cargo del abogado Alberto Luciani, había pedido esa medida argumentando que su clienta era madre de tres niños, el único sostén económico de la familia y que atravesaba un fuerte desborde emocional.

De la cárcel de Río Gallegos a la falta de mérito

Tras la indagatoria, el juez resolvió que la mujer continuara detenida y se fijó un plazo de 10 días hábiles para resolver su situación procesal. Luego fue trasladada a una unidad penitenciaria de Río Gallegos, donde permaneció privada de su libertad mientras la causa avanzaba.

La Fiscalía sostenía que debía seguir detenida por la gravedad de la acusación y la posibilidad de una condena a perpetua. La defensa, en cambio, insistía en que no había elementos suficientes para sostener que la mujer hubiera provocado la muerte del bebé.

Con el paso de las semanas, el expediente llegó al Juzgado de Recursos. El juez Carlos Borges dictó la falta de mérito y ordenó la liberación. La decisión se apoyó en la falta de elementos para determinar que la acusada hubiera causado la muerte del recién nacido y en que las pericias histológicas no permitían establecer con certeza si el bebé había nacido con vida.

La resolución dejó sin efecto la prisión preventiva, aunque la mujer quedó vinculada a la investigación. El magistrado también dispuso la intervención de la Oficina de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para colaborar en la revinculación con sus hijos.

El pedido que sigue sin respuesta

La defensa le informó a La Opinión Austral que solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa y advirtió que podría presentar una queja por retardo de justicia si el Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, a cargo de Eduardo Cimini, no resuelve el planteo.

Según el abogado Luciani, el pedido fue presentado en junio y todavía no obtuvo respuesta. Ante la demora, la defensa presentó un pronto despacho para que el juzgado se expida sobre la situación procesal de la joven. Si no hay resolución en los próximos días, recurrirá al Juzgado de Recursos de Caleta Olivia por retardo de justicia.

El origen de esta situación se remonta a la resolución del año pasado del Juzgado de Recursos, cuando la defensa apeló el procesamiento con prisión preventiva. En esa instancia, el procesamiento fue revocado y se dictó la falta de mérito. A partir de entonces, el Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras tenía un año para incorporar nuevas pruebas que modificaran la situación procesal de la imputada.

Según el planteo de la defensa, ese plazo ya venció y, al no haberse sumado nuevos elementos, corresponde cerrar definitivamente la causa. “Pasó el año y tiene que dictar el sobreseimiento. Eso es lo que estamos pidiendo”, sostuvo Luciani. Mientras tanto, el pedido sigue pendiente en el Juzgado de Las Heras.