Encontró un DNI en el centro y armó una estafa de $30 millones durante tres meses
Perdió su DNI y una tarjeta en el centro, y durante más de tres meses alguien usó sus datos para vaciarle cuentas y sacar créditos. La Justicia ya tiene una condena, pero el monto final indigna.
Una mujer terminó condenada a tres años y seis meses de prisión efectiva tras hacerse pasar por una vecina de San Miguel de Tucumán durante más de tres meses. Con la documentación que la víctima había extraviado, la acusada consiguió créditos, productos y efectivo por un total cercano a los $30 millones.
La pena se definió en un juicio abreviado. Detrás del fallo hay una seguidilla de maniobras que se extendió desde fines de enero hasta principios de mayo, repartidas entre comercios céntricos, entidades financieras y plataformas virtuales.
El hallazgo que dio origen a todo
La historia arranca el 26 de enero de 2026, por la tarde. La víctima caminaba de compras por la zona de Junín y El Bajo cuando perdió una riñonera. Adentro llevaba un portadocumentos con su DNI original y una tarjeta Naranja a su nombre.
La mujer que después sería condenada encontró ambos documentos. Sabía a quién pertenecían, pero lejos de devolverlos o avisar a las autoridades, optó por quedárselos.
Primero compras, después créditos
Entre el 27 de enero y el 10 de febrero, la acusada se presentó como la titular de esos papeles y concretó operaciones en locales de la capital, tanto presenciales como virtuales, por $3.234.659,08.
Después vino una segunda etapa más sofisticada. Con los datos personales de la damnificada y sus recibos de sueldo —obtenidos de forma indebida— empezó a abrir cuentas y a gestionar financiaciones en distintas firmas.
El recorrido fue metódico:
24 de febrero: abrió una cuenta crediticia y tramitó un préstamo personal en Rapicuotas por $2.646.000 netos.
25 de febrero: consiguió en Castillo Central un crédito personal de $1.985.413,92.
8 de marzo: llamó al call center de Credimás con la documentación sustraída y abrió una cuenta de tarjeta de crédito. Retiró el plástico en la casa central y después usó el dinero en comercios céntricos y en pedidos virtuales de préstamos por $1.217.038,92.
Marzo: engañó a Electrónica Megatone SRL (On City) para acceder a un crédito de consumo por $2.735.000.
1 de abril: se presentó en el salón comercial de Tarjeta Titanio con el DNI extraviado y con recibos de sueldo que había bajado de la plataforma estatal Digituc. Obtuvo una cuenta de tarjeta y gastó $1.193.242,91 a través de posnets en locales del centro.
8 de abril: en una sucursal del Banco Macro engañó a las cajeras y extrajo $2.084.300 en efectivo de la cuenta de la víctima.
17 de abril: esta vez actuó con un hombre. En Castillo Central, usando los datos salariales de Digituc, lograron una ampliación de crédito personal por $11.911.304,91. En esa operación, el acompañante firmó la documentación como usuario adherente para comprar una motocicleta valuada en $7.221.000.
29 de abril: en Tevelin SA falsificó la firma de la víctima y tramitó un crédito personal con descuento por planilla de haberes. Con eso retiró artículos tecnológicos por $2.639.141.
5 de mayo: en el local Mobilar obtuvo un crédito en cuenta corriente para llevarse productos por $200.900.
El error que la delató
El 8 de mayo de 2026, a las 11.30, la mujer volvió a la sucursal del Banco Macro. Esta vez intentó retirar $100.000 de la cuenta de la víctima. Un empleado de seguridad la reconoció por una maniobra similar de semanas atrás y avisó al cajero.
Cuando el personal verificó que los datos biométricos y la firma no coincidían con los de la titular, dieron aviso a la policía. Los efectivos llegaron al lugar y la aprehendieron.
La condena y los agravantes
La causa la llevó la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila, con la intervención del auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto. El proceso cerró con un juicio abreviado que fijó la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva.
Al fundamentar la sanción, la acusación pública remarcó varios agravantes: la pluralidad y reiteración de los hechos, la planificación, la extensión en el tiempo y el uso sistemático de la identidad de la víctima. También pesaron la cantidad de entidades y comercios perjudicados, la magnitud del daño económico, la afectación simultánea del patrimonio y de la fe pública, y el "elevado grado de organización" que mostró en cada maniobra.
