Entraron a la casa de un matrimonio mayor "de requisa", pero no eran policías: quién estaba detrás
Una pareja de jubilados abrió la puerta y se encontró con dos personas que decían tener una orden para requisar su casa. Cuando se fueron, entró alguien que conocían bien, con una advertencia y una propuesta por 35 mil dólares. Cómo sigue la causa.
Dos personas se presentaron en una vivienda de Rafaela, dijeron tener una orden para requisarla y preguntaron por la hija del matrimonio que vive allí. La escena, según la investigación, fue armada: no eran policías cumpliendo un procedimiento, sino parte de una maniobra para cobrar una deuda que los padres no reconocían.
El episodio ocurrió el 15 de octubre y derivó en la imputación por extorsión en grado de tentativa de Eduardo Del Favero (39), escribiente del Poder Judicial de Santa Fe con funciones en los Tribunales de Rafaela. La fiscal Fabiana Bertero sostuvo la acusación y el juez José Luis Estévez le dictó la prisión preventiva por 30 días.
La puesta en escena y el apriete
De acuerdo con la reconstrucción periodística de Rafaela Noticias, Del Favero habría aprovechado su cercanía laboral con efectivos policiales para que lo acompañaran hasta la casa del matrimonio de septuagenarios. Uno de esos uniformados ya fue identificado: trabajaba en los Tribunales rafaelinos. La otra persona que participó del operativo apócrifo, una mujer, todavía no estaba individualizada al momento de la audiencia.
Según la acusación de la Fiscalía, cuando los falsos policías se retiraron, el empleado judicial entró a la vivienda y les advirtió a los dueños de casa que su hija y su yerno estaban involucrados en denuncias y podían terminar presos durante varios años.
Acto seguido, les habría ofrecido una salida: firmar documentos para reconocer obligaciones de 30 mil y 35 mil dólares. Los padres se negaron y el plan no llegó a concretarse.
El trasfondo: videojuegos, criptomonedas y una deuda discutida
El origen del reclamo económico ocupó buena parte de la audiencia imputativa. Del Favero declaró que había puesto dinero y equipamiento en un emprendimiento de videojuegos vinculado a la creación de una criptomoneda, y que el negocio no cumplió lo pactado. Por eso reclamaba la devolución de parte del capital a María Laura Balbiano, hija del matrimonio, y a su esposo, el venezolano Geraldo Keiffer.
Su defensor, Federico Scarinci, fue más allá: aseguró que el propio empleado judicial fue estafado y que hay otras personas perjudicadas en Rafaela y la zona. "Estamos logrando acreditar que detrás de esta deuda que legítimamente reclama mi defendido existen una infinidad de víctimas en Rafaela y la zona, de las cuales ya se han recabado algunas informaciones", afirmó.
El abogado describió el esquema: una oferta pública de un proyecto de videojuego con creación de criptomoneda, con lanzaderas —launchpads, en la jerga del mundo cripto— para captar inversores y conseguir aportes. A su entender, el mecanismo habría tenido componentes de ardid o engaño para que la gente pusiera su dinero.
"Detrás de esto puede haber una estafa por parte del denunciante. Mi defendido fue estafado", sostuvo Scarinci, que insistió en que el reclamo tenía origen económico y no fue un intento de quedarse con dinero sin derecho alguno.
La versión del denunciante
Keiffer, señalado como presunto damnificado, rechazó de plano que Del Favero haya participado o invertido en el emprendimiento. Admitió que el proyecto existió y afirmó que recaudó unos 800 BNB, equivalentes en su momento a unos 260 mil dólares, con aportes de alrededor de 20 personas. Según su relato, ningún inversor puso más de 3.000 dólares y los contratos privados contemplaban expresamente los riesgos de la operación.
También negó tener deuda alguna con el empleado judicial. En concreto, sostuvo que Del Favero le reclamó 20 mil dólares por una supuesta intervención en una causa judicial, en la que habría movido una carpeta dentro de Tribunales. El denunciante aseguró que nunca pidió esa gestión y que no reconoce obligación por ese concepto.
Scarinci contó además que su defendido les pidió disculpas a los dueños de la casa, aunque aclaró que su intención no fue causarles un daño sino cobrar lo que consideraba una acreencia legítima.
Por qué la Justicia lo mantiene preso
El juez Estévez coincidió provisoriamente con la calificación de extorsión propuesta por la Fiscalía. Entendió que la simulación de una requisa y las advertencias sobre eventuales consecuencias penales habrían servido para intimidar a la familia.
También evaluó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, que todavía debe identificar a todos los participantes del operativo. Por eso dispuso que Del Favero permanezca detenido durante 30 días.
