Entre Ríos cambia las reglas para producir: qué pasará con los trámites ambientales

El Gobierno de Entre Ríos reglamentó la Ley Nº 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas y puso en marcha un nuevo régimen que promete simplificar los trámites para quienes producen e invierten, sin resignar el control del Estado. La medida reemplaza normas con décadas de antigüedad, como la Ley Nº 6.260 de 1978, por un sistema unificado, digital y transparente.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó el alcance de la reglamentación impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio: "Esta ley y su decreto reglamentario marcan un hito histórico para la provincia. Estamos dejando atrás trámites burocráticos y dispersos para ofrecer a quienes producen e invierten en Entre Ríos reglas claras, certidumbre jurídica y agilidad administrativa. La ley busca la modernización y la simplificación de los procedimientos, pero sin renunciar bajo ningún punto de vista a las potestades de control y fiscalización del Estado provincial".

La secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, remarcó los principios que sostienen la norma: "Cuidar el ambiente y facilitar la producción no son objetivos contrapuestos cuando el Estado hace bien su trabajo. El decreto reglamentario se fundamenta en los mandatos de nuestra Constitución Provincial y la Ley General del Ambiente, garantizando el derecho a un ambiente sano y equilibrado para las generaciones presentes y futuras. Ponemos en marcha herramientas clave como el Certificado Único Ambiental; que unifica y reemplaza a todos los trámites anteriores, porque el desarrollo productivo solo es posible en armonía con la preservación, conservación y mejoramiento del ambiente, especialmente en una provincia como la nuestra".

Certificado Único Ambiental y uso de suelo

Uno de los ejes del nuevo régimen es el Certificado Único Ambiental, que concentra y reemplaza los trámites que antes se hacían por separado. En paralelo, la Secretaría de Ambiente aprobó un modelo uniforme con contenidos mínimos para el Certificado de Uso de Suelo Conforme, pensado para orientar a municipios y comunas.

La medida busca un criterio unificado en toda la provincia, pero respeta la autonomía de los gobiernos locales: siguen siendo los únicos competentes para otorgar esa factibilidad.

Participación ciudadana digital y control

La Secretaría también dispuso una nueva modalidad digital para la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación ambiental. La herramienta apunta a ampliar los canales de consulta pública en sintonía con el Acuerdo de Escazú, para que la ciudadanía pueda acceder a la documentación ambiental y presentar observaciones de forma remota.

Por último, el régimen prevé la puesta en funcionamiento del Registro Provincial Ambiental (RPA) y del Fondo de Control y Fiscalización Ambiental. Con los gobiernos locales se armará un esquema de cooperación que compartirá el producido de las sanciones para fortalecer el monitoreo territorial en toda la provincia.