Entre Ríos: el sinceramiento de Vialidad sobre los caminos rurales

La Cámara de Senadores de Entre Ríos dio el miércoles la sanción definitiva a la Ley de Consorcios Camineros, una iniciativa del gobernador Rogelio Frigerio que, según el Ejecutivo, implica “un cambio estructural” en el mantenimiento de los caminos rurales. La norma habilita a asociaciones civiles sin fines de lucro a participar de la conservación y mejora de la red vial de tierra y ripio, bajo la supervisión de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

“Un sistema que fracasó”

El director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, fue contundente al explicar el origen de la iniciativa: “Vialidad no puede atender la totalidad de la red vial. Estamos hablando de un sistema que fracasó hace muchos años y necesita otro tratamiento. Seguir de la misma manera es continuar con ese fracaso”.

En ese sentido, Donda remarcó que la ley busca una “solución descentralizada, ágil y solidaria que une a vecinos y productores rurales para cuidar y reparar los caminos de la región”. Aclaró que el Estado no se corre de lugar: “Son necesarias todas las partes: los consorcios, los gobiernos locales y Vialidad trabajando en conjunto”.

Una red enorme, con pocas manos

Entre Ríos tiene una de las redes viales rurales más extensas del país: unos 24.000 kilómetros de caminos de tierra, 4.000 de ripio o brosa y 2.000 pavimentados. Hoy funcionan 10 consorcios camineros que administran 1.467 kilómetros, y hay otros dos en proceso de conformación. La nueva ley les da un marco jurídico estable para expandir el modelo.

Los consorcios serán entidades de bien público y servicio comunitario, integradas por productores, vecinos y representantes de municipios, comunas y juntas de gobierno, con voz y voto en sus comisiones directivas.

Control estatal y transparencia

La DPV será la autoridad de aplicación y ejercerá el control técnico, contable y administrativo de cada consorcio, con acceso a sus registros. Cuando manejen fondos o bienes públicos, quedarán bajo la lupa del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

Los consorcios podrán ejecutar obras por sí mismos o mediante terceros, y tendrán que presentar proyectos que requieran la aprobación técnica de Vialidad antes de arrancar. Para constituirse, necesitan una Comisión Promotora de al menos siete personas, un mínimo de 20 socios activos y un croquis de los caminos a conservar. La DPV tendrá hasta 60 días para evaluar la solicitud.

Podrán sumarse propietarios, arrendatarios e inquilinos de establecimientos rurales dentro de la jurisdicción del consorcio o hasta 50 kilómetros de los caminos incluidos.

Los consorcios que ya funcionan

Actualmente hay 10 consorcios activos en la provincia: Alarcón (116 km), Colonia San Jorge (101 km), Crucesita Octava (135 km), Gilbert (166 km), Isleta Norte (13 km), La Esperanza (157 km), La Micra (263 km), Santa Anita (196 km), Urdinarrain (180 km) y Perdices (140 km). En total, administran 1.467 kilómetros.