Entre Ríos quiere concesionar salud, educación y cárceles: el plazo que UPCN marcó en el Senado
UPCN llevó al Senado su rechazo a la reforma que permitiría concesionar salud, educación, seguridad y cárceles en Entre Ríos. La advertencia sobre el plazo y el detalle que evita el debate legislativo encendió la alerta entre los trabajadores.
La comisión de Obras Públicas del Senado entrerriano puso bajo la lupa el proyecto que modifica el artículo 5° de la Ley N° 11.280, una norma que hoy impide concesionar áreas sensibles del Estado. UPCN advirtió que la reforma habilita entregar a privados la gestión de salud, educación, seguridad y el servicio penitenciario por más de 25 años y sin pasar por la Legislatura.
La dirigente gremial Maricel Molina fue la encargada de llevar la voz del sindicato al recinto este miércoles. Su planteo fue directo: la iniciativa, que ya tiene media sanción de Diputados y fue impulsada por el Gobierno provincial, no constituye una corrección técnica sino que “da vuelta la regla”.
Derechos, no servicios
El punto de partida de la exposición de Molina fue la redacción vigente. Según la dirigente, la norma actual establece que esas cuatro áreas “no se concesionan nunca”. Para UPCN, la discusión no gira en torno a servicios sino a derechos y garantías reconocidos en la Constitución.
El proyecto que analan los senadores habilitaría la concesión de esas funciones siempre que la titularidad, la potestad regulatoria y la fiscalización permanezcan “en cabeza del Estado”. Molina desarmó ese argumento: “Eso es una redundancia porque en todas las concesiones el Estado conserva la titularidad del derecho”.
La dirigente fue más allá y explicó qué ocurre en la práctica: “Acá lo que estamos concesionando es la gestión”. De ahí su conclusión: la reforma implicaría “concesionar los derechos de los entrerrianos, entre ellos los empleados públicos”.
El plazo que encendió la alarma
El aspecto que más incomodidad generó en la exposición fue la extensión de los contratos. De acuerdo con Molina, “la concesión se daría a más de 25 años”. La dirigente cuestionó que delegar la gestión pública en un privado signifique entregar una obligación que le corresponde al Estado.
El otro reparo fue el mecanismo: las concesiones podrían avanzar “sin que pase por la Legislatura”. Molina puso números a esa objeción y habló de plazos de “24 años, 11 meses y 26 días” sin que la representación del pueblo tenga intervención alguna.
La pregunta de fondo
Molina también interrogó a los legisladores sobre el objetivo real de la reforma: “Qué se quiere hacer con esa concesión de derechos constitucionalmente reconocidos”. Para la dirigente, diseñar una política pública exige un Estado inteligente, capaz de planificar a 25 años. Entregar esa gestión a un privado, advirtió, sería delegar una obligación estatal.
En ese marco, apuntó contra los argumentos que suelen acompañar este tipo de iniciativas: “Eficiencia y eficacia son discursos que se han usado históricamente para destruir los gobiernos, los estados y las instituciones públicas”. Por eso insistió en la necesidad de distinguir entre servicios y derechos: sin esa diferencia, sostuvo, la discusión técnica queda incompleta.
El debate dejó de ser un asunto de corrección normativa para convertirse en un cruce entre gestión pública, derechos de los trabajadores y el alcance de la representación legislativa. Molina cerró con un pedido concreto: “Dejamos planteadas estas cuestiones, que tienen que contestar porque necesitamos respuestas”.
