Entregaban casas en 90 días y ahora los investigan: el dato que complica a Moderno House

La causa que investiga las presuntas estafas de la firma Moderno House volverá a moverse el 5 de octubre en los Tribunales de Santa Fe. Ese día la Fiscalía ampliará los hechos que les atribuye a Néstor Gabriel Segovia y Camila Dos Santos Rizzi y, tras un cuarto intermedio, se revisarán sus medidas cautelares. El cronograma se definió en una audiencia multipropósito que se hizo el martes ante el juez penal Lisandro Aguirre.

La investigación quedó en manos de la fiscal de Delitos Complejos Jésica Bernard, acompañada por el fiscal Ezequiel Hernández. Ignacio Chigal representa a un grupo de damnificados. La audiencia que estaba prevista para septiembre se suspendió por un cambio en la defensa de uno de los acusados y por planteos sobre el acceso al legajo. Las partes terminaron acordando concentrar la ampliación de la imputación y la revisión de las cautelares en una sola jornada.

Qué denuncian las víctimas

La causa arrancó con las denuncias de personas que aseguraron haber entregado dinero para la construcción de viviendas prefabricadas que nunca se terminaron ni se entregaron. La firma tenía su local comercial sobre avenida Facundo Zuviría al 6600, en la ciudad de Santa Fe.

Según Chigal, hoy son más de 15 las víctimas que formalizaron sus denuncias y figuran en el expediente, aunque el total de damnificados superaría las 30 personas. El abogado no descartó que otros afectados se sumen a la investigación.

“La causa tuvo más de 15 damnificados de los que denunciaron y de los que hoy son víctimas que constan en el expediente, pero hubo más de 30 damnificados. Muchos de ellos no han denunciado”, sostuvo el representante de la querella.

Chigal también destacó el trabajo desde la reapertura del expediente y valoró especialmente la intervención de la fiscal Bernard. “Gracias al impulso que le ha dado ella, esto ha tomado un giro bueno, que es el que uno deseaba y esperaba”, afirmó.

El mecanismo que investigan

De acuerdo con la hipótesis de la querella, la captación de clientes se hacía sobre todo a través de redes sociales y publicidad. La propuesta incluía beneficios como la bonificación de la platea sobre la que se asentaría la vivienda y la promesa de entregar las casas en plazos cortos.

“En 30, 60, 90 días era llave en mano”, explicó el abogado al describir el esquema con el que, según la querella, se persuadía a los clientes para que hicieran importantes desembolsos.

Chigal sostuvo que en numerosos casos los compradores abonaban la totalidad o buena parte del valor acordado con la expectativa de recibir su vivienda en el plazo ofrecido. “Con todas esas cuestiones que ellos beneficiaban o trataban de beneficiar a las personas con bonificaciones, con la ejecución de la obra en tan poco tiempo, persuadían a la gente y de alguna manera la engañaban”, afirmó.

La investigación busca determinar qué pasó con el dinero entregado por los damnificados y si existió desde el inicio una maniobra destinada a quedarse con los fondos sin cumplir con las obligaciones asumidas.

“Nos encontramos con esta causa donde salieron a la luz muchas víctimas que le entregaban el dinero, le hacían los reclamos, ellos no contestaban, y estamos investigando a dónde fueron esos fondos”, señaló Chigal.

De $30 millones a una cifra cercana a los $500 millones

La dimensión económica del perjuicio es uno de los ejes centrales. Chigal explicó que cuando llegaron los primeros reclamos se hablaba de unos $30 millones, con valores de 2021 y 2022. Con la actualización de los montos y el trabajo sobre la información contable, la estimación de la querella hoy estaría en torno a los $500 millones.

“Aproximadamente hoy tenemos que hablar de una cifra millonaria cercana a los 500 millones de pesos actualizada”, indicó el abogado, que remarcó el impacto de esa suma para las familias afectadas. La cifra todavía forma parte del análisis y la actualización contable dentro de la investigación.

Archivada en 2025 y reabierta en 2026

El expediente había comenzado en 2024 y durante 2025 fue archivado por el entonces fiscal Federico Grimberg, que consideró que los hechos denunciados no configuraban una estafa penal y que debían discutirse en el ámbito civil. Esa decisión fue respaldada después por el fiscal regional Jorge Nessier.

La querella de Chigal recurrió esa decisión y llevó el planteo ante la fiscal general María Cecilia Vranicich, quien el 29 de mayo de 2026 ordenó dejar sin efecto el archivo y reabrir la investigación. La causa quedó luego asignada a la fiscal Bernard. A partir de la reapertura se incorporaron nuevas evidencias y se ordenaron distintas medidas, entre ellas los allanamientos de comienzos de septiembre.

Cinco allanamientos antes de la nueva audiencia

El 9 de septiembre se hicieron cinco allanamientos relacionados con la causa en distintos puntos de Santa Fe y Sauce Viejo. Los procedimientos tuvieron lugar en domicilios de Salvador del Carril y Alvear, San Jerónimo al 2800 y Pasaje Lamadrid al 1500, en la capital provincial; en Julio Argentino Roca al 8800, en Sauce Viejo; y en un hotel sobre la Ruta Nacional 11.

Los operativos se desarrollaron como parte de las nuevas medidas impulsadas por la Fiscalía después de la reapertura del expediente y antes de la audiencia en la que se pretendía ampliar los cargos contra Segovia y Dos Santos Rizzi.

Qué se discutirá el 5 de octubre

La audiencia tendrá dos instancias. Primero, la Fiscalía deberá precisar los nuevos hechos que les atribuye a los dos investigados. Después de un cuarto intermedio, se analizará la situación cautelar de ambos.

Por ahora, Segovia y Dos Santos Rizzi siguen en libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la prohibición de salir del país, aunque la Fiscalía pretende que su situación se revise en la nueva audiencia.

Para Chigal, el objetivo de la querella es que la investigación avance en el fuero penal y que, si se determinan responsabilidades, haya una condena. “En este caso estamos ante una sede penal en donde lo que se busca es una condena efectiva para estas personas que le generaron tanto daño a estas víctimas, donde se quedaron sin la casa, sin sus ahorros de toda la vida”, sostuvo.

El 5 de octubre será un nuevo capítulo de una investigación que volvió a tomar impulso durante 2026 y que busca determinar si detrás de los incumplimientos denunciados existió una maniobra penal de estafa y cuál fue el destino de los fondos aportados por las familias.