Entregaban el auto y las llaves: las 28 denuncias que complican a la concesionaria de Yerba Buena

La causa por presuntas estafas en una concesionaria de Yerba Buena sumó 16 nuevas denuncias y trepó a un total provisorio de 28 clientes damnificados. Los acusados son Matías Díaz Vier, de 40 años; su pareja, Anabel García, de 37; y Javier Goitea. Los tres ya habían estado involucrados en el expediente de Provincia Multimarcas.

El viernes 23 de octubre por la mañana se realizó una audiencia para reformular los cargos contra los imputados. Allí se incorporaron los nuevos reclamos a los 12 que integraban la investigación inicial: la cantidad de denuncias pasó de 12 a 28, es decir, más que se duplicó. La información fue difundida por la periodista Mariana Romero.

El expediente fue declarado complejo, lo que permite ampliar los plazos procesales para la investigación y las medidas cautelares, según las decisiones que adopte la Justicia. La causa investiga el delito de estafas reiteradas.

El modus operandi que denuncian los clientes

Los hechos están vinculados con DG Automotores, también conocida como DG Cars, una concesionaria que funcionaba sobre la calle Solano Vera, en Yerba Buena. Según la acusación, Díaz Vier y García estaban al frente del negocio, mientras que a Goitea se le atribuye intervención en el manejo de las cuentas y en las operaciones cuestionadas.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que los acusados captaban clientes mediante promesas de entrega de vehículos o propuestas para vender los autos de sus propietarios. Una de las modalidades investigadas consistía en recibir unidades en consignación o como parte de pago para acceder a un vehículo cero kilómetro, bajo operaciones presentadas como intercambios “llave por llave”.

De acuerdo con los denunciantes, se les solicitaba entregar automóviles o motocicletas junto con sus llaves y los formularios 08 firmados. La acusación sostiene que, posteriormente, esos vehículos eran vendidos sin que sus dueños recibieran el dinero correspondiente, o que se les depositaban sumas significativamente menores a las acordadas.

Los reclamos describen distintas explicaciones y demoras ante los pedidos de devolución o de cumplimiento de las operaciones. Los vehículos prometidos no eran entregados y los bienes aportados por los clientes tampoco regresaban a sus manos, según la versión de los damnificados.

Créditos que nunca se gestionaron

Otra de las maniobras investigadas estaba relacionada con supuestas gestiones de créditos bancarios. Según la fiscalía y la querella, a algunos clientes se les ofrecía tramitar préstamos ante entidades como Santander o Supervielle y se les pedía una seña mientras avanzaba el procedimiento. La denuncia sostiene que los créditos no eran gestionados y que esos anticipos no se devolvían.

Siempre según la hipótesis acusatoria, el dinero aportado por los clientes era transferido a una cuenta de Anabel García. Las operaciones denunciadas no se limitaban a pagos en efectivo o transferencias: también incluían vehículos con documentación firmada y otros objetos de valor, entre ellos teléfonos celulares.

El antecedente de Provincia Multimarcas

El avance judicial volvió a poner bajo la lupa el historial de Provincia Multimarcas, otra empresa vinculada con los tres acusados. Aquella firma funcionaba en el piso 13 de un edificio de calle Salta 126, en San Miguel de Tucumán, y acumuló reclamos y denuncias entre 2020 y 2022.

La empresa había ganado visibilidad mediante publicidad televisiva, incluida su presencia en Canal 10. Las promesas de acceso a vehículos atrajeron a numerosos clientes, pero los incumplimientos denunciados derivaron en protestas frente al negocio. Finalmente, la firma cerró sus puertas y dejó de responder los llamados.

Durante aquel conflicto, Díaz Vier y García cuestionaron las acusaciones y manifestaron su malestar porque, según denunciaban, les tomaban fotografías y los observaban dentro del country en el que vivían.

En ese expediente había cuatro imputados: además de Díaz Vier, García y Goitea, figuraba María José García. En 2022 se dispuso una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, con compromisos de reparación económica y reglas de conducta.

El acuerdo contemplaba que los imputados repararan el perjuicio de las víctimas y realizaran, entre los cuatro, un aporte de $100.000 destinado a un programa provincial de reparación del daño que podía canalizar recursos hacia organizaciones y fundaciones. Se trató de una salida procesal sujeta a condiciones; no corresponde presentarla como una condena penal.

Qué falta determinar

Después de ese antecedente, los tres actuales acusados volvieron a quedar vinculados con la comercialización de vehículos a través de la concesionaria de Yerba Buena. Según las denuncias reseñadas, los incumplimientos de esta nueva etapa comenzaron hacia fines de 2025.

La estimación difundida antes de la incorporación de los nuevos reclamos ubicaba el presunto perjuicio en torno a los $180 millones. Con 28 denuncias, el monto podría modificarse, aunque el aumento de denunciantes no permite establecer por sí solo una nueva cifra total.

La investigación deberá determinar el alcance de cada operación, el destino del dinero y de los vehículos entregados, y la responsabilidad que pudiera corresponder a cada imputado. Las maniobras descriptas forman parte de la acusación y continúan bajo investigación judicial.