Entró a la comisaría a preguntar por un detenido y terminó reducido por tres policías

El abogado Ernesto Enzo Nieva denunció que fue agredido físicamente, requisado, despojado de su teléfono celular y privado de la libertad durante más de tres horas en la comisaría de Banda del Río Salí, cuando intentaba interiorizarse sobre la situación de una persona demorada. El hecho, ocurrido la noche del 9 de septiembre, derivó en un dictamen institucional del Colegio de Abogados de Tucumán, que reclamó respuestas a la Jefatura de Policía y al Ministerio de Seguridad.

Según consta en la denuncia que originó el legajo penal, Nieva concurrió a la dependencia a pedido de los familiares de un demorado tras un accidente vial. Al solicitar explicaciones sobre la prolongación del arresto y pedir la presencia de la máxima autoridad de guardia, se produjo un entredicho con el oficial interviniente que terminó con la intervención de tres agentes de la fuerza provincial.

De acuerdo con el relato del letrado, los uniformados lo redujeron por la fuerza, lo condujeron a una habitación posterior y mencionaron estar “cansados de los abogaduchos”. Nieva sostuvo que fue sometido a una requisa corporal, que se le retuvo el teléfono celular —con información alcanzada por el secreto profesional— y que permaneció incomunicado más de tres horas sin acceso a su medicación para la hipertensión, lo que le provocó un desvanecimiento en el interior de la sede. Además, señaló que el personal policial le inició actuaciones por presunto atentado contra la autoridad para justificar el procedimiento.

La respuesta del Colegio de Abogados

La Comisión de Defensa de la Defensa, con la firma del vicepresidente Martín Lucio Terán, emitió un dictamen en el que remarcó que el caso trasciende la esfera personal del matriculado y alcanza una dimensión institucional. El documento subrayó que las leyes asimilan al abogado defensor a los magistrados en cuanto al respeto y consideración funcional.

“La norma no instituye un privilegio personal en beneficio del abogado. La especial protección que reconoce tiene naturaleza funcional: procura garantizar que quien ejerce la defensa pueda hacerlo libremente, sin intimidaciones, restricciones indebidas, hostigamientos ni interferencias provenientes de quienes ejercen autoridad pública”, detalló el dictamen.

En esa línea, el Colegio puntualizó que la salvaguarda de la tarea profesional es un presupuesto indispensable para el resguardo de las garantías constitucionales de los ciudadanos sujetos al poder punitivo. “Las primeras horas de una detención, aprehensión o demora constituyen precisamente uno de los momentos de mayor vulnerabilidad del ciudadano frente al aparato estatal. Es allí donde la presencia del abogado adquiere su máxima significación”, sostuvo el órgano técnico, al advertir que impedir o condicionar el libre ejercicio de la matrícula repercute en el derecho de defensa de la persona asistida.

Los trece puntos del dictamen

Sin atribuir responsabilidades penales individuales —materia reservada a la investigación del Ministerio Público Fiscal—, el dictamen aprobó trece puntos de recomendación para la conducción del Colegio, presidido por Alberto López Domínguez. Entre ellos figuran el acompañamiento y respaldo al letrado en el legajo judicial, el seguimiento de las actuaciones labradas en su contra y la remisión de una presentación formal al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía.

El Colegio reclamó la apertura inmediata de actuaciones administrativas internas para deslindar responsabilidades, junto con el dictado de una “instrucción general, expresa y obligatoria” a todas las dependencias policiales. Con el fin de fijar límites precisos y evitar la discrecionalidad en las guardias, el dictamen propuso la redacción conjunta de un “Protocolo de actuación para el ejercicio de la abogacía en dependencias policiales”, que regule desde la acreditación profesional, el acceso irrestricto a los libros y las entrevistas confidenciales, hasta el régimen de custodia de teléfonos y efectos personales.

En paralelo, la institución notificó formalmente lo ocurrido a la Fiscalía interviniente para subrayar su preocupación por la afectación del libre ejercicio de la defensa, reservándose el seguimiento del legajo penal para asegurar que el episodio no quede circunscripto a un mero incidente de comisaría.