Entró al hospital con un fuerte dolor y cinco días después estaba muerto: imputaron a cinco médicos
Un fuerte dolor abdominal, una hernia mal diagnosticada y una cirugía que nunca llegó. ¿Qué pasó realmente en el Centro de Salud? Los detalles de una muerte que podría haberse evitado.
Cinco profesionales del Centro de Salud quedaron imputados por la muerte de Francisco Molina, un hombre de 57 años que falleció en febrero de 2025 tras una presunta mala praxis. Los médicos podrían enfrentar hasta cinco años de prisión si se demuestra que el paciente murió por la falta de una cirugía de emergencia. El caso, que conmocionó a la provincia, avanza con una celeridad inédita en la justicia local.
Francisco Molina, padre de tres hijos y a la espera de su primer nieto, era docente en una fundación y no había tenido grandes problemas de salud. Su hijo Andrés recuerda aquel viernes 7 de febrero como un día normal, hasta que su padre sintió un fuerte dolor abdominal. Lo llevaron al hospital Avellaneda, donde le diagnosticaron una hernia supraumbilical y le indicaron cirugía. Pero la operación nunca se realizó.
El día que todo se precipitó
Cuatro días después, Molina volvió al Avellaneda con náuseas, sudoración y un dolor más agudo. Una tomografía confirmó que la única opción era una cirugía de emergencia, por lo que fue derivado de urgencia al Centro de Salud. “Fuimos en una ambulancia con la sirena prendida”, cuenta Andrés. “Creíamos que lo estaban operando. Nunca nos imaginamos que lo tenían sentado en una silla, con suero, muriéndose de dolor”.
Según la acusación, al llegar al Centro de Salud, la médica Agustina Suárez solo realizó una “maniobra de reducción manual” para devolver el intestino a su lugar, sin intervenir quirúrgicamente. El jefe de guardia, Adrián Orlando Rojas, indicó analgésicos, antiinflamatorios y protectores gástricos. Horas después, una tercera profesional le dio el alta, pese a que el paciente llegó con un cuadro grave que requería cirugía de emergencia.
El regreso a casa y el desenlace fatal
Molina fue a su casa, pero al pasar el efecto de los calmantes volvió a sentirse mal. Fue llevado de emergencia al Avellaneda, donde su respiración falló, fue intubado, sufrió dos paros cardiorrespiratorios y murió. “Si mi padre hubiera sido intervenido quirúrgicamente como se indicó, hoy yo no estaría haciendo esta denuncia”, sostuvo su hijo Francisco en la demanda.
Andrés consultó a varios médicos, que coincidieron en que no había otra forma de salvarle la vida más que operándolo. Con el patrocinio del abogado Juan Pablo Bello, realizó la denuncia de inmediato. La fiscalía de Homicidios, a cargo de Pedro Gallo, se hizo cargo de la investigación.
Un formulario que desapareció
Una de las pruebas clave era el “formulario de derivación” del Avellaneda, que indicaba la necesidad de la cirugía de urgencia. Pero cuando la Fiscalía lo solicitó al Centro de Salud, respondieron que “no se cuenta con el formulario de derivación”. Esto abrió una nueva causa por presunto encubrimiento contra personal del nosocomio.
Ambas causas se unificaron y la fiscalía imputó a cinco profesionales: Adrián Orlando Rojas, Agustina de Lourdes Suárez, Julieta Mena, Martín Isaías Brito y Jorge Gustavo Salomón. Todos por homicidio culposo por mala praxis médica, un delito que puede ser penado con hasta cinco años de prisión.
Una investigación récord
El abogado Juan Pablo Bello destacó la celeridad del caso: “Fue gracias al trabajo de la fiscalía y al impulso de la querella. Es sorprendente la cantidad de médicos imputados, entre ellos cuatro jefes, porque el hecho abarcó dos turnos”. En la provincia, nunca se realizó un juicio oral por mala praxis médica en las últimas décadas; solo un caso llegó a esa instancia, el de Matías Juárez, pero se aplazó para agosto.
Andrés Molina dice que a veces no puede creer todo lo que pasó. “Volvimos a casa destrozados. Él era todo para mi mamá. Estaban por cumplir 40 años de casados”. Francisco estaba ilusionado con ser abuelo en pocos meses. La beba nació en junio y trajo algo de alegría a una familia que tomó dos decisiones: denunciar y rechazar cualquier arreglo económico. “No queremos plata. Lo único que queremos ya no va a volver. Hicimos esta demanda para que no le pase a nadie más. Nadie se merece morir de dolor en la silla de un hospital. No queremos que pase nunca más”, concluyó Andrés.