Érika: el abogado que ahora lo defiende ya intentó zafar a otros dos acusados
Un médico platense que mató a su esposa en un hotel céntrico, un exgobernador con diagnóstico de deterioro cognitivo y un acusado que se retiraba a los gritos de la sala: cómo terminaron los casos en los que la salud se usó para frenar un juicio en Tucumán.
Los defensores de Felipe “El Militar” Sosa, imputado por el crimen de Érika Antonella Álvarez, volvieron a poner sobre la mesa un argumento que en Tucumán tiene historia larga: problemas de salud física o mental para evitar el juicio. Marcelo Cosiansi y Rubén Flores no son los primeros en intentarlo. Tampoco serían los primeros en chocarse con un tribunal que decide seguir adelante.
En los últimos 46 años hubo defensores que invocaron dolencias de sus asistidos para frenar el enjuiciamiento, suspender debates o conseguir condiciones especiales de detención. Los resultados fueron desparejos: algunos procesos siguieron y terminaron en condena, otros acusados fueron declarados inimputables y hubo quienes lograron cumplir la pena en su casa.
El médico que mató a su esposa en un hotel y terminó inimputable
Roberto José Lazzari tenía 30 años cuando, el 26 de septiembre de 1980, ahorcó con una corbata a su mujer, la veterinaria Alicia Travascio Martínez, de 28 años, y después le dio varias patadas en distintas partes del cuerpo. El hecho ocurrió en la habitación 243 del segundo piso del hotel Premier, en Crisóstomo Álvarez y 9 de Julio.
El médico platense fue detenido esa misma noche en la terminal de ómnibus, cuando estaba por subir a un micro rumbo a Buenos Aires. Tras un año de planteos de su defensa, fue declarado inimputable y las autoridades aceptaron internarlo en un centro especializado de su ciudad natal. Nunca más se supo de su situación.
“El trío de la muerte”: la teoría que no prosperó
Juan Alberto del Valle Scarone, Miguel Horacio Ledesma y Ricardo Héctor Sosa pasaron a la historia policial tucumana como “el trío de la muerte”. Se los acusó de asesinar a Rubén Rivero (diciembre de 1990), Ramón Okón (febrero de 1991) y Rosa del Carmen Díaz de Alvarado (mayo de 1991).
Sus defensores intentaron instalar que integraban una especie de secta asesina. La justicia descartó esa hipótesis y los tres terminaron condenados.
Bussi: la junta médica no alcanzó
Antes de uno de los juicios por delitos de lesa humanidad que debía enfrentar, la defensa de Antonio Domingo Bussi sostuvo que el exgobernador no estaba en condiciones físicas ni mentales para el debate. Una junta médica le había diagnosticado un cuadro depresivo y deterioro cognitivo.
El psiquiatra Marcelo Gustavo Rudelir, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyó en cambio que Bussi podía comprender la acusación. El tribunal ordenó que compareciera con asistencia médica. Fue condenado y cumplió la pena con arresto domiciliario.
Amín: el acusado que se retiraba de la sala
Pablo Antonio Amín, santiagueño, fue juzgado por asesinar y mutilar a su esposa, María Marta Arias, el 28 de octubre de 2007, en un hotel frente al parque 9 de Julio. Durante el juicio oral de septiembre de 2009 protagonizó episodios de conducta errática: frases incoherentes, gestos extraños y salidas de la sala por sus alteraciones. Incluso intentó agredir a sus defensores, Roberto Flores y Martín Zottoli, que sostenían que padecía una enfermedad psiquiátrica que lo hacía inimputable.
Los especialistas no se pusieron de acuerdo. Algunos hablaron de cuadros psicóticos; la junta médica oficial dictaminó que tenía un trastorno de personalidad que no anulaba su capacidad de comprender la criminalidad de sus actos. Fue condenado a prisión perpetua y sigue cumpliendo la pena.
“La Chancha” Ale y el traslado en ambulancia
Antes del juicio por lavado de activos, el defensor Alejandro Biagosch argumentó que Rubén “La Chancha” Ale padecía párkinson, obesidad mórbida y apnea del sueño, y que la medicación le provocaba una alteración cognitiva que le impedía participar del debate.
El Tribunal Oral Federal pidió una evaluación médica y luego dispuso que el imputado asistiera con traslado en ambulancia y acompañamiento sanitario permanente. El proceso terminó en condena, que Ale cumplió con arresto domiciliario hasta su fallecimiento.
La Fronterita: no pueden ser enjuiciados
Una pericia médica de la justicia federal determinó que el último acusado que quedaba en la causa conocida como ingenio La Fronterita no podía ser enjuiciado por un deterioro cognitivo. Lo mismo resolvió con el otro imputado del expediente, Eduardo Butori. Es un caso emblemático en el que se investiga la presunta participación de empresarios en crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
Di Lella: condena, domiciliaria y libertad condicional
Eduardo Di Lella, exsubsecretario de Seguridad, fue condenado a seis años de prisión por maniobras de encubrimiento en la desaparición y posterior crimen de Paulina Lebbos. Por problemas de salud mental no fue trasladado a una cárcel y cumplió la pena en su domicilio. En mayo pasado, tras una larga disputa judicial, se le concedió la libertad condicional. Di Lella es tío de Felipe “El Militar” Sosa.
Figueroa: un ACV suspendió el debate
Diego Víctor Figueroa, excomisionado rural de Villa Medinas, comenzó a ser enjuiciado por un secuestro extorsivo en septiembre pasado. Un accidente cerebrovascular (ACV) obligó a suspender las audiencias. En estos días, un médico forense de la Corte Suprema de Justicia evaluará su estado de salud para determinar si puede seguir afrontando el juicio por el hecho registrado en diciembre de 2022.
