Error en el sistema: una mujer imputada por un auto que ya no era robado y la condena millonaria que recibió el Estado

Una mujer fue imputada y su auto secuestrado por un error en el sistema policial. ¿Cómo terminó este fallo burocrático en una condena millonaria contra el Estado? Los detalles de un caso que revela una grave falencia.

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Error en el sistema: una mujer imputada por un auto que ya no era robado y la condena millonaria que recibió el Estado

Una mujer terminó imputada y detenida por manejar su propio auto, luego de que un fallo administrativo policial la señalara como sospechosa. El insólito caso, originado en Lomas de Zamora, derivó en una condena contra la Provincia de Buenos Aires, que deberá indemnizarla con millones de pesos por los graves perjuicios que sufrió.

Todo comenzó en diciembre de 2020, cuando la conductora protagonizó un accidente de tránsito en Mar del Plata. Iba al volante de un Fiat Uno que había comprado meses antes. Al llegar los efectivos policiales, verificaron los datos del vehículo y la situación se complicó de inmediato.

El sistema arrojó que el automóvil figuraba con un pedido de secuestro activo, ya que había sido denunciado como robado en enero de ese mismo año. La orden provenía de la Fiscalía N°7 de Lomas de Zamora. Sin más trámite, los agentes procedieron al secuestro del Fiat Uno.

¿Por qué la detuvieron si el auto era suyo?

Pero la intervención no terminó ahí. La mujer fue trasladada a una comisaría e imputada por el delito de encubrimiento. Frente a esta acusación, ella mantuvo desde el primer minuto su inocencia. Su explicación era clara: el vehículo efectivamente había sido robado, pero la dueña anterior lo había recuperado.

Según su relato, aquella denuncia por robo había quedado sin efecto tras la recuperación del auto. El problema monumental era que el sistema policial nunca actualizó esa baja. El pedido de secuestro seguía vigente por un error de carga o actualización, marcando al auto erróneamente como robado.

Este fallo burocrático la sumió en un calvario legal y personal. La justicia avanzó sobre ella por un hecho que, en la realidad, ya se había solucionado. Pasó de ser una ciudadana que sufrió un accidente a una imputada por un delito que no cometió.

El costo de un error: cuatro meses sin auto y daños

La mujer estuvo cuatro meses sin poder utilizar su vehículo. Recién en abril de 2021 logró que se lo devolvieran. Sin embargo, el alivio por recuperarlo duró poco. Cuando fue a buscarlo, encontró el auto en pésimas condiciones.

El Fiat Uno presentaba un claro deterioro. Le faltaba la batería, tenía varios golpes y rayones en la carrocería. El secuestro no solo le había significado la pérdida de su medio de transporte por un cuatrimestre, sino que además le fue devuelto dañado.

Esta situación fue la gota que colmó el vaso. Decidió entonces llevar el caso a la Justicia para que el Estado asumiera la responsabilidad por el perjuicio económico y moral que le causó el error.

La demanda que terminó en una condena al Estado

La mujer inició una demanda contra la Provincia de Buenos Aires, reclamando una indemnización de 5 millones de pesos por los daños y perjuicios sufridos. Su argumento se basó en tres puntos clave: la detención injusta, la imposibilidad de usar su auto durante meses y el deterioro en el que se lo devolvieron.

El caso llegó al Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2. Finalmente, el magistrado interviniente le dio la razón en todos los términos. Falló a su favor y ordenó al Estado provincial indemnizarla por el monto total reclamado.

La condena no se limita a los 5 millones de pesos. La sentencia también establece que la provincia debe pagar un interés del 6% anual, calculado desde el 10 de diciembre de 2020, fecha del accidente y el inicio de todo el conflicto, hasta la actualidad. Esto incrementa significativamente el monto final que deberá desembolsar el Estado bonaerense.

El caso dejó al descubierto una grave falencia en los sistemas de actualización de información policial, un error que le costó caro a una ciudadana y que ahora tendrá un alto costo económico para las arcas públicas.

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