Error millonario en Neuquén: una empleada gastó 4 millones que no eran suyos y la Justicia le exige devolverlos

Un error administrativo en un organismo público derivó en un juicio civil ejemplar. Una trabajadora del Instituto de Vivienda de Neuquén recibió por error una transferencia de $4 millones, los gastó y ahora un juez la obliga a restituir cada peso. El fallo sienta un precedente claro sobre el destino de los fondos públicos.

El caso se originó en la Dirección de Tesorería del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) de Neuquén. Por una confusión entre apellidos, se depositó en la cuenta sueldo de una agente estatal una suma millonaria que estaba destinada a otra persona.

Lejos de alertar sobre el error, la empleada, al ser contactada por sus superiores, manifestó desconocer el origen del dinero y postergó las explicaciones. En instancias posteriores, llegó a argumentar que creyó que el dinero correspondía a un juicio ganado y confesó que ya lo había utilizado para la compra de un terreno.

El fallo judicial: enriquecimiento sin causa

El juez civil Martín Peliquero fue determinante en su análisis. Consideró que se configuró un “enriquecimiento sin causa”, tal como lo establecen los artículos 1794 y 1795 del Código Civil y Comercial. El magistrado señaló que existió un empobrecimiento involuntario del IPVU y un incremento patrimonial injustificado de la demandada, sin que mediara ninguna causa jurídica que habilitara la percepción de esos fondos.

El juez basó su decisión en hechos no controvertidos: la transferencia por error, el conocimiento inmediato de la trabajadora sobre la equivocación, su negativa inicial a devolver el dinero y los movimientos bancarios que realizó con esos fondos.

La defensa y la sentencia inapelable

La defensa de la mujer intentó sostener que no hubo intención dolosa de apropiación. Argumentó que su delicada situación económica y su posterior exoneración del cargo le impidieron devolver el dinero de inmediato. Incluso solicitó una reducción en los intereses y que se descuenten retenciones ya practicadas sobre sus haberes.

Sin embargo, el fallo judicial fue contundente: la obligación de devolver el capital es ineludible. Cabe destacar que, en el fuero penal, la empleada había sido sobreseída tras pagar una multa mínima por expropiación de cosa ajena, pero la justicia civil avanzó de manera independiente para reparar el daño patrimonial al organismo.

Un precedente para la administración pública

Esta resolución sienta un precedente crucial sobre la responsabilidad de los empleados públicos ante errores administrativos del Estado. La figura del enriquecimiento sin causa requiere que se verifique un beneficio patrimonial de una parte a costa del perjuicio de otra, sin un contrato o ley que lo avale.

La sentencia no solo ordena la devolución del monto original de cuatro millones de pesos, sino que enfatiza la conducta de la agente. La Justicia valoró que, tras detectar el saldo, realizó extracciones y movimientos, demostrando una disposición activa de un dinero que sabía que no le correspondía. El proceso ahora entra en la etapa de ejecución, donde se definirá el plan de pagos para que el IPVU recupere los fondos públicos.