Escándalo de los planes sociales: la Justicia dio la razón a Figueroa y ahora las penas serán más duras
La Justicia de Neuquén cambió la calificación de la estafa con planes sociales a asociación ilícita. ¿Qué pasará con las condenas? Los detalles que nadie contó.
El Tribunal de Impugnación de Neuquén decidió cambiar la calificación legal de la millonaria estafa con planes sociales. Lo que antes era administración fraudulenta ahora será investigado y penado como asociación ilícita, tal como lo reclamaba el gobernador Rolando Figueroa. El fallo fue unánime y podría derivar en condenas de hasta 10 años de prisión.
La resolución fue notificada este jueves por los jueces Liliana Deiub, Federico Sommer y Mauricio Macagno. El tribunal hizo lugar al pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli y de la querella que representa al gobierno provincial, que siempre sostuvieron que los hechos configuraban una organización criminal.
¿Qué cambió con esta decisión?
La nueva calificación impacta directamente en las penas. Quienes fueron condenados a entre 3 y 5 años de cárcel por administración fraudulenta ahora enfrentan una escala penal de 3 a 10 años. Además, el tribunal ordenó reenviar el legajo a la Oficina Judicial para que un nuevo tribunal de juicio determine las condenas conforme a esta nueva figura.
El caso tiene su origen en el último gobierno del MPN, durante la gestión de Omar Gutiérrez. Entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, se desviaron fondos destinados al subsidio por desocupación laboral. Ese dinero iba a parar a una denominada “caja azul” que, según se probó en el juicio, financiaba ilegalmente actividades del partido provincial.
Los condenados y su nueva situación
En total son 12 las personas declaradas responsables, en su mayoría funcionarios del ministerio de Desarrollo Social. Entre ellos, Abel Di Luca (exministro), Tomás Siegenthaler (excoordinador de Administración), Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales) y Néstor Sánz (exdirector de Fiscalización) fueron considerados jefes de la asociación ilícita, en concurso real con administración fraudulenta agravada, como coautores.
Marcos Osuna, jefe del Departamento de Gestión de Programas, recibió la misma calificación, aunque por administración fraudulenta se lo tuvo como partícipe primario. También figuran Luis María Gallo, Julieta Oviedo y Laura Reznik como miembros de la organización y coautores de la administración fraudulenta.
Por su parte, Valeria Honorio, Isabel Montoya, Alfredo Cury y Emmanuel Victoria Contreras fueron condenados como miembros de la asociación ilícita y partícipes primarios de la administración fraudulenta. Hasta ahora, solo Sánz, Soiza y Osuna cumplen prisión domiciliaria.
El gobernador Figueroa fue uno de los que más insistió en que se tratara de una asociación ilícita, a través de la fiscalía de Estado. Ahora, con este fallo, la justicia le dio la razón y el caso vuelve a una nueva etapa para definir las penas definitivas.
