Escándalo electoral en Tucumán: denuncian a Lisandro Catalán y Federico Pelli por falsear domicilios

Una bomba política sacude el tablero tucumano: el concejal Dante Mauricio Argiró, de Cambia Tucumán, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal con competencia electoral contra dos pesos pesados de La Libertad Avanza. El diputado nacional Federico Pelli y el director de YPF, Lisandro Catalán, están acusados de fraguar sus domicilios en el RENAPER para habilitar candidaturas en 2027.

La presentación, que también alcanza a autoridades o agentes del Registro Nacional de las Personas, fue anticipada por el periodista Ángel Suárez en Los Primeros y promete abrir una grieta en el arco opositor.

¿Qué se les imputa exactamente?

Según el escrito, los dirigentes libertarios habrían asentado domicilios falsos en sus documentos con el objetivo deliberado de eludir requisitos legales y fabricar antecedentes de residencia. El plan sería claro: Pelli buscaría ser candidato a intendente de Yerba Buena, mientras que Catalán apuntaría a la gobernación o a una banca en el Senado.

El caso de Pelli es llamativo: habría realizado dos cambios de domicilio en menos de 72 horas, el 3 y el 6 de julio de 2026. Su última dirección registrada está en Av. Aconquija, pero se trata de una galería comercial. El propio legislador admitió públicamente que no vive allí, sino en el barrio privado Alto Verde II, en Cebil Redondo.

Con Catalán, la denuncia apunta a un domicilio en calle Italia al 700, en San Miguel de Tucumán, un inmueble que pertenece a un tercero y que funcionaría como sede partidaria. La residencia efectiva del exministro del Interior estaría en un barrio cerrado de Bella Vista, provincia de Buenos Aires. La maniobra, según Argiró, buscaría esquivar el requisito de dos años de residencia inmediata que exige la Constitución tucumana.

El rol del RENAPER bajo la lupa

Ambos trámites se habrían canalizado por la delegación de calle San Juan 1090, en la Capital. Por eso, se investiga si hubo facilitación funcional, trato preferencial o abuso de autoridad por parte de los agentes involucrados.

La denuncia encuadra los hechos en varias figuras penales: denuncia de domicilio falso por un elector (art. 137 del Código Electoral Nacional), falsedad ideológica de instrumento público, uso de documento falso, inserción ilegítima de datos personales e inhabilitación para ejercer derechos políticos.

Entre las medidas urgentes solicitadas por Argiró se destacan la preservación de logs digitales, auditorías y cámaras de seguridad del RENAPER, informes a aerolíneas y a la PSA para reconstruir los movimientos de Catalán, oficios a telefónicas y ENACOM para geolocalizar antenas, y relevantos catastrales en Yerba Buena y San Miguel de Tucumán.