Escándalo en Brea Pozo: Denuncian al excomisionado por una millonaria trama de desvío de fondos

Una investigación judicial sacude a la comuna de Brea Pozo tras una grave denuncia por defraudación y malversación de caudales públicos. El monto global de los presuntos desvíos ascendería a la astronómica cifra de 544 millones de pesos, involucrando a la máxima autoridad local y su ex tesorero.

El abogado Lucas Cabañas presentó las denuncias que ahora investiga la Justicia. Las acusaciones se dividen en dos grandes líneas: una por libramiento de cheques sin fondos por 364 millones de pesos, y otra por el presunto desvío de 180 millones destinados a un plan de viviendas sociales.

¿Qué se investiga exactamente?

Juan Manuel Ibáñez, quien ejerció como comisionado municipal desde diciembre de 2021 hasta diciembre de 2025, es el principal imputado. Junto a él, también está denunciado su ex tesorero, Carlos Saavedra.

Según los documentos judiciales, entre junio de 2025 y febrero de 2026, el empresario Facundo Quiroga realizó trabajos para la comuna y recibió seis cheques por un total de 252 millones de pesos. El problema surgió cuando todos esos cheques fueron rechazados por falta de fondos al momento de su cobro.

La investigación no se detiene allí. Los denunciantes advierten sobre patrones sistemáticos de desvío de dinero público, que habría sido transferido a cuentas bancarias vinculadas a familiares del exfuncionario Ibáñez. Este patrón hace que los fiscales no descarten ampliar la causa hacia una eventual figura de asociación ilícita.

Inversiones bajo la lupa y una deuda millonaria

El foco de la pesquisa también apunta a posibles inversiones personales del excomisionado. Se analiza la adquisición de propiedades, un complejo deportivo, una radio FM y un local bailable, aunque estos datos se manejan con hermetismo dentro del ámbito judicial y aún están siendo corroborados.

En paralelo a la causa penal, se conoció la existencia de una segunda denuncia, esta vez de carácter civil. Fue presentada en diciembre de 2025 por el comerciante tucumano José Agustín Claps, quien reclama el pago de una deuda de 112 millones de pesos y ya solicitó embargos e inhibición de bienes para garantizar su cobro.

El drama de las viviendas que nunca se construyeron

Uno de los capítulos más sensibles de esta trama es el destino de más de 180 millones de pesos que estaban asignados a la construcción de 18 viviendas sociales. Pese a que ya existían familias adjudicatarias esperando su casa, las obras nunca se ejecutaron, dejando en evidencia un presunto vaciamiento de los fondos públicos.

Fuentes cercanas al caso indicaron que esta situación podría no ser un hecho aislado en la provincia. Existe la posibilidad de que una unidad fiscal especial se aboque a investigar maniobras similares en otras comisiones municipales, lo que ampliaría significativamente el alcance de las pesquisas.

La causa, que acumula denuncias por cifras millonarias y afecta directamente a vecinos que esperaban una solución habitacional, se encuentra bajo la órbita del fiscal Mauricio Abramzuck, quien deberá determinar la responsabilidad de los implicados.