Escándalo en Catamarca: el dato que el fiscal le confió al abogado y que nadie esperaba

La Justicia Federal llevará a juicio oral a los responsables de RT Inversiones, acusados de montar un esquema piramidal similar al de Adhemar Capital. La causa, que el propio tribunal calificó como una de las más importantes de la historia judicial de Catamarca, avanza mientras los imputados siguen en libertad y las víctimas no cobraron un peso.

El esquema que imitó a Adhemar

Según la investigación, RT Inversiones captaba ahorristas con publicidad masiva y oficinas céntricas para aparentar legalidad, aunque no contaba con autorización del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Valores. A través de contratos formales prometía rentabilidades superiores al 20% mensual, con la excusa de supuestas operaciones de trading y criptomonedas.

La maniobra se desarmó cuando se comprobó que los intereses se pagaban exclusivamente con el dinero de los nuevos clientes: el clásico esquema Ponzi o estafa piramidal.

Elevación a juicio y acusados en libertad

Con la instrucción agotada, el expediente está en el Tribunal Oral Federal. El fiscal federal Rafael Vehils solicitó la elevación a juicio, confirmada por el juez subrogante Sebastián Argibay tras la inhibición de Miguel Ángel Contreras. La resolución advierte: “Estamos en presencia de una de las causas más importantes de la historia judicial de la provincia de Catamarca, con numerosos hechos”.

La cúpula acusada la integran Edgardo Edmundo Bulacio, su hijo Edgardo Federico y su esposa Alicia Estela Nieva. Enfrentan cargos por intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Sin embargo, todos recuperaron la libertad a fines del año pasado.

Sin resarcimiento y con indignación

El querellante Alfredo Aydar dialogó con “La mañana en La Isla” (FM 107.9) y eldiariodecatamarca.com.ar. Confirmó que aún no recibieron la notificación formal de la citación a juicio: “Estamos esperando la notificación por vía digital para formalizar las presentaciones correspondientes”.

Sobre las víctimas, fue contundente: “En el caso de RT Inversiones no hubo ningún tipo de pago ni resarcimiento a los damnificados, a diferencia de otras causas”. Y respecto de los imputados, recordó que “están todos en libertad porque transcurrieron tres años, que es el plazo máximo de prisión preventiva. Salieron a la calle y eso generó mucha indignación en las víctimas”.

La cifra que maneja la Fiscalía

RT Inversiones surgió como competidora directa de Adhemar Capital, con tasas más altas que derivaron en el colapso de ambas. La querella estima la estafa en 80 a 100 millones de dólares, cifra que podría crecer con víctimas no denunciantes. Aydar aseguró: “Nosotros tenemos corroborados 400 millones de dólares entre ambas causas, sin embargo, en un momento, el fiscal Rafael Vehils Ruiz me dijo en su oficina que ellos estimaban en 1.000 millones de dólares el total de lo recaudado por las firmas”.

El letrado sostuvo que RT Inversiones funcionó poco tiempo y, a su criterio, fue creada para competir y desfinanciar a Adhemar Capital.

Testaferros y calendario electoral

Aydar diferenció el destino de los fondos: Adhemar Capital canalizó gran parte hacia billeteras virtuales de criptomonedas (se presentaron 16 informes sobre la ruta del dinero), mientras que RT Inversiones habría operado con testaferros y bienes físicos locales. “En el caso de RT Inversiones el dinero se manejó con testaferros conocidos en Catamarca. Esperamos que en el juicio oral salgan a la luz para recuperar los bienes”, afirmó.

También cuestionó la tramitación paralela de quiebras comerciales: “Resulta contradictorio permitir un proceso fallido o quiebra comercial cuando los fondos involucrados provienen de actividades ilícitas preexistentes”. Y agregó: “Para que exista lavado de dinero debe haber un delito precedente. Ese dinero sucio luego se intenta blanquear a través de estructuras comerciales, como la apertura de gimnasios o comercios locales”.

Sobre los plazos, estimó que los juicios orales de ambas causas se realizarán después de los comicios, porque los tribunales adecuarán el calendario electoral. En cuanto a las penas, fue cauto: “Aunque por la escala penal de las imputaciones podrían corresponder condenas de entre 12 y 14 años, estimo que las sanciones difícilmente superen los 6 u 8 años de prisión”.