Escándalo en el Concejo de Yerba Buena: una denuncia por violencia política enfrenta a dos concejales

Una acusación formal de violencia política e institucional sacude al Concejo Deliberante de Yerba Buena, derivando en un cruce público entre ediles y la amenaza de acciones legales cruzadas. La denuncia, cargada de versiones diametralmente opuestas, judicializa un conflicto interno que promete escalar.

La concejal Gabriela Garolera realizó una presentación policial el viernes, donde acusó a su par Walter “Kabuby” Aráoz de increparla con una actitud intimidante y malos tratos. Según su relato, el episodio ocurrió alrededor de las 11:30 durante una reunión de Labor Parlamentaria, a la que Aráoz se presentó antes de su finalización.

¿Qué detonó el enfrentamiento?

De acuerdo con la denuncia, el conflicto estaría vinculado a un proyecto de ordenanza impulsado por Garolera. La iniciativa propone la implementación de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios, un tema que generó discusión política. La edil sostiene que la reacción de Aráoz se produjo en ese contexto específico.

En su exposición, Garolera también hizo referencia a un antecedente previo. Afirmó que el 30 de septiembre habría vivido una situación similar, marcada por actos de hostilidad y destrato. Por ello, en su presentación solicitó expresamente que el caso sea analizado con perspectiva de género.

Las medidas de protección solicitadas

Entre los pedidos concretos, la concejal demandó el cese inmediato de cualquier conducta intimidatoria. También requirió la prohibición de acercamiento a su domicilio y su despacho, así como la adopción de dispositivos de seguridad específicos de cara a la sesión ordinaria prevista para el jueves.

La situación expone una grieta profunda al interior del cuerpo deliberativo yerbabuense, con reclamos que trascienden lo político y se adentran en el terreno de la seguridad personal.

La contundente respuesta del concejal acusado

Desde la otra vereda, Walter Aráoz negó de manera categórica todos los hechos denunciados. Calificó la acusación como falsa y aseguró que no mantuvo ningún tipo de contacto, ni siquiera visual o verbal, con Garolera durante la mencionada reunión.

El edil afirmó que aún no fue notificado formalmente por la Justicia, pero adelantó su estrategia legal. Manifestó su intención de avanzar con una contra denuncia y llevar el caso “hasta las últimas instancias”, incluso solicitando la expulsión de Garolera del Concejo Deliberante.

“Quiero que se diga exactamente lo que pasó. Voy a ir a la Justicia y ella deberá probar lo que afirma”, declaró Aráoz, mostrando una postura firme y desafiante.

Un conflicto que busca testigos institucionales

Como parte de su defensa, Aráoz adelantó que pedirá al presidente del Concejo, Javier Jantus, la emisión de un comunicado institucional que refleje fielmente lo ocurrido durante la reunión de Labor Parlamentaria. Esta movida busca un respaldo oficial a su versión de los hechos.

Con ambas partes ancladas en relatos irreconciliables y el conflicto ya judicializado, el caso inaugura un nuevo capítulo de tensión en la política municipal. La pelota ahora está en la cancha de la Justicia, que deberá investigar, determinar la veracidad de los dichos y establecer responsabilidades en este escenario de acusaciones cruzadas que divide al recinto.