Escándalo en el Congreso: denuncian a autoridades y fuerzas de seguridad por represión con más de 1.500 heridos

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal que sacude los cimientos del poder: apunta directamente contra las autoridades políticas y los agentes de las fuerzas de seguridad federales y de la Policía de la Ciudad que participaron de la violenta represión del jueves en los alrededores del Congreso, mientras se votaba en el Senado la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada".

El escrito, que ya está en el juzgado federal Nº 10 de Comodoro Py, no solo cuestiona el accionar desmedido, sino que revela una cifra escalofriante: más de 1.500 heridos, incluidos miembros de la propia CPM que monitoreaban el operativo.

¿Quiénes firman la denuncia y qué se busca?

La presentación lleva las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García, quienes exigen que se investigue a los responsables por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

En diálogo con El Destape, Cipriano García fue contundente: "La represión fue una de las más cruentas y salvajes de los últimos meses con un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad, que incluyó a la Policía de la Ciudad, de la Federal, Prefectura y Gendarmería, que reprimieron en múltiples ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires".

El organismo de derechos humanos contabilizó 28 detenidos, de los cuales 15 ya fueron liberados, y denunció que se lanzaron "al menos 100 granadas de gas lacrimógenos" y que atendieron a "más de 40 personas con disparos de postas de gomas".

El ataque a la fotógrafa que conmueve al país

Uno de los episodios más graves ocurrió sobre la vereda de la calle Lima y Avenida de Mayo, donde una fotorreportera fue atacada por las fuerzas policiales a las 19:50. Según la denuncia, la mujer "cae al piso golpeándose la cabeza, ocasionando un traumatismo y sangrado", mientras los agentes continuaban disparando hacia la zona donde solo había periodistas y personal de la CPM.

Lo más indignante: la policía se acercó, constató su delicado estado, pero no la asistió. Solo "modularon por radio" y se alejaron. Recién después de que una médica peticionara de urgencia, el SAME la trasladó al Hospital Argerich.

Este caso recuerda al del fotógrafo Pablo Grillo, quien casi muere en la represión de la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025, y cuyo agresor, el gendarme Héctor Guerrero, deberá enfrentar un juicio oral.

¿Hubo una orden política para reprimir?

La CPM no tiene dudas: "se trató de una represión programada y planificada por funcionarios responsables de las fuerzas de Seguridad", que actuaron bajo un comando unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por eso, pidieron que se investigue también a los responsables políticos, no solo a los ejecutores materiales.

En la denuncia se citó el antecedente de Enrique Mathov, exsecretario de Seguridad de la Alianza, condenado a 4 años y 3 meses de prisión por su responsabilidad política en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Uso desproporcionado de la fuerza durante 5 horas

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) emitió un comunicado este viernes alertando sobre "el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza" durante casi cinco horas, que incluyó "balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y la utilización de camiones hidrantes que afectaron a manifestantes y transeúntes, de modo masivo".

Desde el CELS, Victoria Darraidou señaló que se repiten patrones ya vistos durante el tratamiento de la Ley Bases, como el uso de armas menos letales contra el rostro y el pecho, y la represión especial a trabajadores de prensa. Pero también aparecieron "emergentes" preocupantes, como policías levantando casquillos de los disparos.

La contradenuncia del gobierno para criminalizar la protesta

Mientras la CPM busca justicia, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una contra-denuncia por "atentado contra el orden constitucional", pidiendo que se investigue a los manifestantes y a las organizaciones que pudieran estar detrás de los disturbios.

El gobierno de la Ciudad también se posicionó como víctima, afirmando que hubo oficiales heridos y que "grupos violentos quemaron contenedores de basura".

Para Darraidou, esta estrategia "es una criminalización fuerte hacia quienes protestan" y busca desviar la atención de la brutal represión. Los próximos días serán clave para ver si la justicia responde a las denuncias o si el gobierno logra imponer su relato.