Escándalo en el EPAS: dos empleados expulsados por vender medidores de agua en Facebook

La gestión de Rolando Figueroa aplicó una sanción ejemplar en el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS): dos empleados de planta permanente fueron exonerados por sustraer y comercializar medidores de agua del organismo. La medida, considerada la más severa en la administración pública, sacude a la Subgerencia Zona Norte, con sede en Chos Malal.

Los sancionados, José Ceferino Burgos y Ricardo Alberto Méndez, se desempeñaban como operadores de red de agua y fueron acusados de hurto y encubrimiento. La exoneración, que implica su expulsión definitiva del Estado, se enmarca en la política de tolerancia cero impulsada por el gobernador desde el inicio de su mandato para erradicar irregularidades.

¿Cómo descubrieron la maniobra?

Todo comenzó a fines de 2011, cuando ingresaron al depósito del EPAS en Chos Malal 238 medidores de agua. Ese material, destinado al uso exclusivo de la cuadrilla, fue resguardado en un sector cerrado con cadena y candado. Sin embargo, el jefe de servicio de la planta de tratamiento notó la desaparición de una cantidad significativa de medidores y cajas.

La investigación reveló que Burgos y Méndez eran los únicos que poseían las llaves del candado, lo que los convirtió en los principales sospechosos. La pista clave llegó desde Facebook Marketplace: entre el 3 de octubre de 2023 y el 11 de marzo de 2024, se registraron publicaciones ofreciendo medidores y cajas de agua.

Empleados del propio EPAS reconocieron que los elementos publicados coincidían con los provistos por el organismo, tanto por el color como por el material de fabricación. Ese testimonio fue incorporado a las actuaciones administrativas.

Allanamientos que confirmaron las sospechas

El avance de la causa incluyó allanamientos en los domicilios particulares de los acusados. Allí, los investigadores secuestraron abrazaderas de agua, herramientas de trabajo y medidores, elementos considerados cruciales para la investigación.

Con esas pruebas, los auditores dieron por acreditado que los ex agentes infringieron sus deberes y incumplieron sus obligaciones laborales durante el período mencionado. La maniobra no solo afectó el patrimonio del Estado, sino que comprometió la prestación de un servicio esencial como el agua, ya que los medidores son fundamentales para controlar el consumo y administrar las redes.