Escándalo en el PAMI de Tierra del Fuego: piden crear una subcomisión investigadora en Diputados
¿Qué se esconde detrás de las denuncias contra el PAMI fueguino? Un proyecto en Diputados busca destapar todo. Los detalles que nadie contó.
Una polémica que sacude a Tierra del Fuego llegó al Congreso de la Nación. El diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández presentó un proyecto para crear una subcomisión especial que investigue presuntas irregularidades en el PAMI provincial, gestionado por Alberto Belmar, tío del legislador libertario Santiago Pauli. La iniciativa busca esclarecer denuncias por facturación de prestaciones médicas que no se habrían realizado.
El expediente Nº 3463-D-2026, presentado en la Cámara baja, cuenta con el respaldo de más de una docena de legisladores opositores. El foco está puesto en la gestión de Belmar, un referente evangélico de 60 años que, según se denunció, fue designado por influencia política de su sobrino y que carecía de experiencia en administración de salud pública.
¿Qué se denuncia?
Las denuncias apuntan a una crisis prestacional sistemática que habría comenzado a inicios de 2025. Entre los puntos más graves se menciona la facturación irregular: se habrían cobrado al PAMI prestaciones médicas que no se efectuaron. Además, se cuestiona la designación de Belmar, quien en 2020 vendía pizzas caseras por redes sociales.
La situación escaló a la Justicia Federal. El médico prestador Dr. Camacho, de la ciudad de Río Grande, renunció a su cargo y formalizó una presentación judicial tras detectar anomalías en el circuito de atención.
"Cuando durante más de un año y medio se acumulan denuncias, expedientes e investigaciones sin respuestas claras, el Congreso tiene la obligación de actuar. Si el Gobierno exige un esfuerzo extraordinario a la sociedad, ese mismo rigor debe aplicarse al control de los recursos de nuestros jubilados. Frente a hechos de esta gravedad, el silencio no es una opción", remarcó Araujo Hernández al fundamentar el proyecto.
Si la subcomisión se aprueba, podrá solicitar expedientes, requerir auditorías contables y citar a funcionarios, exfuncionarios y auditores del organismo para determinar responsabilidades administrativas y operativas.
