Escándalo en la AFA: El tesorero de Tapia busca frenar su indagatoria con un movimiento clave

La causa por la supuesta retención indebida de aportes en la Asociación de Fútbol Argentino suma un nuevo capítulo judicial de alto voltaje. Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, presentó un pedido para anular su citación a declarar, replicando la estrategia legal que ya había empleado el propio presidente de la entidad. La maniobra busca paralizar las indagatorias mientras se define una cuestión de fondo en la Cámara, en una causa que investiga más de $19.300 millones.

El escrito fue presentado por la defensa de Toviggino ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico a cargo del juez Diego Amarante. El magistrado había citado a una serie de altos funcionarios de la AFA, incluyendo a Tapia y a su tesorero, para que rindan declaración indagatoria esta semana.

El argumento central del planteo es idéntico al utilizado por Tapia: sostienen que la citación es “improcedente” mientras exista una apelación pendiente ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Esta apelación busca definir previamente si los hechos denunciados por ARCA constituyen o no un delito. Forzar la indagatoria antes de esa resolución, alegan, vulneraría el debido proceso.

¿Qué decide el juez ahora?

La pelota está ahora en la cancha del juez Amarante, quien debe resolver si acepta o rechaza el pedido de nulidad. Esta decisión es prioritaria, ya que debe tomarse antes de la fecha prevista para la indagatoria de Claudio Tapia, programada para el 5 de marzo. El fallo del magistrado podría modificar completamente el cronograma de declaraciones que se había establecido.

Si se mantiene el cronograma original, Tapia deberá comparecer ante la justicia el próximo jueves. Le seguiría, el viernes, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. La semana siguiente, el 9 de marzo, estarían citados el actual secretario general, Cristian Malaspina, y su antecesor, Víctor Blanco.

En cuanto a Pablo Toviggino, su declaración estaba originalmente pautada para esta semana, pero fue reprogramada a pedido de su defensa, que solicitó más tiempo para analizar el voluminoso expediente. Su nueva fecha de indagatoria es el 11 de marzo, siempre y cuando el juez no anule la citación antes.

Los números de una causa millonaria

El origen de esta investigación se remonta a una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación de la Ciudad de Buenos Aires (ARCA). El organismo acusó a la AFA de no haber depositado en término las retenciones impositivas y los aportes a la seguridad social que le correspondían, violando el plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Los períodos bajo la lupa de la justicia son extensos: abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. Las retenciones investigadas incluyen montos correspondientes al IVA, al Impuesto a las Ganancias y a las contribuciones previsionales.

La cifra inicial de la denuncia era astronómica: $7.593.903.512,23. Sin embargo, en una ampliación posterior, ARCA agregó otros $11.759.643.331,62. De este modo, el monto total que la justicia investiga supera los $19.300 millones.

ARCA fundamentó que estas maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. En sus presentaciones, fue contundente al señalar que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”.

El organismo recaudador también argumentó que el delito se consuma “con dolo”, es decir, con la intención de no cumplir la ley. Sostuvo que la AFA “conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”.

Las pruebas que complican a la AFA

Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez Amarante se basó en un detallado informe técnico sobre el movimiento de fondos de la asociación. Este documento revela la solvencia económica de la entidad durante el período investigado.

Según el informe, solo en diciembre de 2024 se registraron acreditaciones por más de $45.072 millones en las cuentas de la AFA. A lo largo de todo 2025, los ingresos superaron la abultada suma de $453.449 millones. Además, en 2024 y 2025 la entidad constituyó varios plazos fijos, tanto en pesos como en dólares.

Con estos datos sobre la mesa, ARCA concluyó que existía la “total posibilidad fáctica” de que la AFA cumpliera con sus obligaciones fiscales como agente de retención. Entre las pruebas incorporadas al expediente también figuran informes bancarios específicos que dan cuenta de acreditaciones en cuentas de la asociación y de la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.

Otro elemento clave considerado por la justicia fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la AFA. Bouvet explicó ante los investigadores que las tres máximas autoridades de la entidad son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes son los responsables de firmar los estados contables.

Detalló que su área es la encargada de confeccionar la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, informa por mail la fecha de vencimiento del pago correspondiente. “Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró, refiriéndose al procedimiento interno.

La causa avanza ahora en un delicado equilibrio procesal. La decisión del juez Amarante sobre el pedido de nulidad de Toviggino no solo definirá el inmediato futuro de su indagatoria, sino que podría sentar un precedente para el resto de los citados, incluyendo al propio Chiqui Tapia, en un caso que tiene en vilo a la cúpula del fútbol argentino.