Escándalo en la cúpula policial: piden prorrogar la prisión de dos comisarios por un caso que estremece Tucumán

La Justicia tucumana analiza un pedido clave que podría mantener tras las rejas a dos altos mandos policiales. Los acusan de haber utilizado a detenidos como mano de obra esclava para construir una casa de veraneo de uno de los imputados. El caso, investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, expone una trama de abuso de poder que conmociona a la fuerza.

Este lunes 9 de marzo, el Ministerio Público Fiscal solicitó prorrogar por cuatro meses más la prisión preventiva de los comisarios Gustavo Javier Beltrán y Sergio Marcelo Juárez. El auxiliar fiscal Federico Lizárraga, representando a la fiscal Mariana Rivadeneira, argumentó que los delitos podrían derivar en la “desvinculación total de la fuerza policial y la pérdida de todos los beneficios institucionales”.

¿Cómo funcionaba el sistema de trabajos forzados?

La teoría del caso es contundente. Según la Fiscalía, entre agosto y el 11 de noviembre de 2025, el entonces jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Beltrán, habría dispuesto traslados irregulares de cuatro detenidos. Los hombres, José Daniel Sarapura, Lorenzo Miguel Romano, Juan José Santillán y Miguel Adolfo Navarro, debían estar alojados en comisarías de Chuscha y Choromoro, pero fueron llevados a la sede de la URN en Tafí Viejo.

Estos movimientos, cruciales para la acusación, se realizaron sin autorización judicial y sin quedar registrados en los libros de la dependencia. El objetivo final, alega la investigación, era otro: beneficiar personalmente al comisario Beltrán.

El día que todo se descubrió

El 11 de noviembre de 2025 fue un día clave. Los sargentos Luis Roberto Trejo y Osvaldo Lucas Tizeira, de la URN, trasladaron a dos de los detenidos en un móvil policial (TUC-330) usando combustible del Ministerio de Seguridad. Su destino no era una comisaría ni un juzgado, sino una casa en El Cadillal.

La propiedad, una casa de veraneo en construcción, era de Beltrán y se encontraba sin moradores. Allí, según la acusación, los detenidos Sarapura y Romano fueron obligados a realizar tareas de albañilería por orden directa del comisario.

El rol del segundo al mando

La investigación no se detiene en Beltrán. Sergio Marcelo Juárez, quien era el segundo jefe de la URN, también está en la mira. Durante la audiencia, se reformularon los cargos en su contra. La Fiscalía sostiene que Juárez tenía pleno conocimiento de la maniobra y prestó una “colaboración necesaria”.

Se lo acusa de haber autorizado y organizado las salidas de los efectivos con los detenidos hacia la vivienda de Beltrán. En esa propiedad, los privados de libertad realizaban no solo albañilería, sino también trabajos de pintura y herrería.

Por estas acciones, la conducta de Juárez fue encuadrada provisoriamente en los delitos de peculado de uso y de servicio, en concurso real con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para los fiscales, actuó como partícipe necesario en el peculado de Beltrán y como autor de los otros delitos, causando perjuicio a la administración pública.

Ahora, la pelota está en el tejado de la Justicia. Un juez debe decidir si hace lugar al pedido fiscal y extiende la prisión preventiva de ambos comisarios mientras se profundiza una investigación que ya dejó al descubierto prácticas inadmisibles en el seno de la policía tucumana.