Escándalo en la Fundación Miguel Lillo: procesan a 4 directivos y les embargan $15 millones
El juez federal procesó a cuatro directivos de la Fundación Miguel Lillo por designaciones irregulares. ¿Qué dijo la Justicia? Los detalles de un fallo que incluye embargos millonarios y prohibición de salir del país.
El escándalo que involucra a la cúpula de la Fundación Miguel Lillo sacude a Tucumán: el juez federal José Manuel Díaz Vélez procesó a cuatro directivos y les trabó embargos millonarios por presuntas designaciones irregulares. La medida, sin prisión preventiva, alcanza a Francisco Sassi Colombres, Pablo Holgado, Ricardo Audi Falú y David Flores, quienes quedaron con prohibición de salir del país.
La resolución, dictada en el marco de una causa que comenzó con una denuncia gremial, pone en la mira a las autoridades del organismo científico descentralizado. Además del embargo de 15 millones de pesos para cada uno, el magistrado les impuso la inhabilitación para portar armas de fuego.
¿Cómo empezó todo?
La denuncia fue presentada en mayo de 2023 por Ángel Hugo Morales, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT). En su escrito, Morales apuntó contra la Comisión Asesora Vitalicia (CAV) por nombrar, presuntamente sin competencia legal, a los responsables de la Dirección Ejecutiva, la Dirección General Técnica Administrativa y la Dirección General de Investigación.
“Las autoridades actuales de la Fundación Miguel Lillo, valiéndose de la modificación de la estructura organizativa dispuesta en 2016 y modificada en 2019, vienen transgrediendo sistemáticamente el ordenamiento jurídico”, denunció el gremialista.
¿Qué dijeron los acusados?
Al declarar en indagatoria, los cuatro directivos negaron las acusaciones y se ampararon en la Ley Nacional N° 12.935, que creó el organismo. Sassi Colombres afirmó que la CAV tiene facultades para designar personal según el artículo 3 de esa ley, mientras que Holgado aseguró no haber tenido “ningún indicio de irregularidad”. Audi Falú sostuvo que actuó de buena fe y Flores dijo que su cargo surgió de una convocatoria pública con evaluación académica.
La decisión del juez
Díaz Vélez descartó el delito de nombramiento sin idoneidad (artículo 253 del Código Penal) y encuadró la causa en usurpación de autoridad. Sassi Colombres fue procesado por usurpación de autoridad en concurso ideal con abuso de autoridad, mientras que los otros tres fueron procesados por usurpación de autoridad. El juez consideró que los imputados conocían las observaciones de los órganos de control nacional y, aun así, siguieron en sus cargos.
