Escándalo en la Fundación Miguel Lillo: procesaron a cuatro directivos por designaciones truchas

La Justicia Federal de Tucumán sacudió a la Fundación Miguel Lillo al procesar a cuatro de sus directivos por presuntas designaciones irregulares en cargos jerárquicos. La medida, que incluye un embargo millonario, sacude los cimientos de la prestigiosa institución científica.

Los acusados, Francisco Fernando Sassi Colombres, Pablo Holgado, Ricardo Javier Audi Falú y David Alfredo Flores, quedaron imputados por abuso y usurpación de autoridad. El juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó además un embargo de 15 millones de pesos sobre los bienes de cada uno, les prohibió salir del país y portar armas.

¿Cuál es el origen de la denuncia?

La causa arrancó en mayo de 2023, cuando el secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (Apunt), Ángel Hugo Morales, denunció a la Comisión Asesora Vitalicia (CAV) por nombrar directivos sin competencia legal.

Según la denuncia, la CAV designó a dedo a los titulares de la Dirección Ejecutiva, la Secretaría General (luego Dirección General Técnico Administrativa) y la Dirección General de Investigación. Cargos que, por su jerarquía, deberían ser cubiertos por el Poder Ejecutivo Nacional o la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Morales fue contundente al describir una “transgresión sistemática” del ordenamiento jurídico, amparada en reformas internas aprobadas en 2016 y 2019, para imponer “la arbitrariedad y direccionalidad absoluta” en la elección del personal.

¿Qué dijeron los acusados?

Los cuatro imputados negaron las acusaciones durante sus indagatorias. Sassi Colombres calificó la acusación de “totalmente incorrecta” y defendió las facultades de la CAV basándose en la Ley 12.935, que creó la Fundación y que, según él, sigue vigente.

Holgado aseguró que nunca vio nada raro en su proceso de selección. Audi Falú afirmó que actuó de buena fe y con “un acto administrativo válido”. Flores, por su parte, sostuvo que entró por concurso público con evaluación académica.

La decisión del juez

El juez Díaz Vélez no le dio la razón a la Fiscalía en todo. Descartó aplicar el artículo 253 del Código Penal, que castiga el abuso de autoridad por falta de requisitos personales, porque el conflicto no era sobre las personas sino sobre la competencia del órgano que las nombró.

Así, procesó a Sassi Colombres por usurpación de autoridad en concurso ideal con abuso de autoridad, mientras que a Holgado, Audi Falú y Flores solo por usurpación de autoridad. El magistrado consideró que todos conocían las observaciones de los organismos de control y aún así siguieron en sus cargos.

La investigación, que estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 con Agustín Chit y Julia Vitar, incorporó auditorías de la SIGEN y dictámenes administrativos. El expediente sigue abierto y los acusados deberán cumplir con las restricciones impuestas mientras avanza el proceso.