Escándalo en la Justicia de Córdoba: piden detener a un camarista por violencia de género
¿Qué esconden los pasillos de la Cámara Federal de Córdoba? Un pedido de detención que remueve los cimientos del poder judicial. Los detalles que nadie contó.
Un pedido que sacude los cimientos del Poder Judicial cordobés. Los fiscales federales Maximiliano Hairabedian y Pablo Nicolás Turano solicitaron este martes el procesamiento y la detención domiciliaria del camarista Abel Guillermo Sánchez Torres, acusado de abuso de autoridad y violencia de género institucional.
La medida también alcanza a la camarista Graciela Montesi y a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores, quienes deberán enfrentar a la justicia por su presunta participación en una maniobra para manipular la integración de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
¿Cuál es el origen de la denuncia?
Todo comenzó con la denuncia de la secretaria penal Celina Laje Anaya, quien aseguró que se opuso a los tejes y manejes de los magistrados para direccionar dos expedientes clave: 'Padilla' y 'Humanes', ambos vinculados a una causa por evasión tributaria de la empresa Bunge.
Según la denunciante, su negativa a participar de esas maniobras le costó caro: sufrió gritos, humillaciones, cambios de oficina, sobrecarga de tareas y hasta medidas de aislamiento. Un calvario que ella describe como violencia de género institucional.
¿Qué pasa con los fueros del juez?
La detención de Sánchez Torres no es automática. Para que se concrete, primero debe perder sus fueros como juez, una decisión que recae en el Consejo de la Magistratura. Mientras tanto, la pareja de magistrados, que mantiene un vínculo sentimental, acumula cuatro denuncias en su contra en ese organismo de control.
El caso, que promete más capítulos, deja al descubierto las tensiones internas de la Justicia federal cordobesa y la lucha de una mujer por visibilizar presuntos abusos de poder.
