Escándalo en la Policía de Salta: el arma que le sacaron a la agente investigada y el detalle que agrava todo

El escándalo por presuntos acomodos en la Policía de Salta suma capítulos: a una agente de la comisaría de San Jorge le retiraron el arma reglamentaria mientras avanza una investigación que ya no habla de un caso aislado, sino de al menos tres maniobras que se habrían concretado a cambio de dinero.

La mujer, de menor rango y con base en Rosario de Lerma, está imputada junto a un hombre civil de La Merced, señalado como su allegado íntimo. La causa comenzó por el supuesto ofrecimiento de un cambio de destino, pero con el correr de las horas aparecieron nuevas líneas que involucran a más efectivos y beneficios que van desde licencias hasta cursos y traslados.

Qué se sabe de la maniobra

Según fuentes del Valle de Lerma citadas por El Tribuno, la investigación del Ministerio Público Fiscal determinó que no se trataría de una única víctima. Aparecieron más de tres casos y, entre ellos, situaciones que se habrían concretado, es decir, supuestos "acomodos" dentro de la fuerza a cambio de pagos.

La denuncia inicial la hizo una compañera de la agente, que es víctima y parte del proceso. A partir de ahí, el expediente se amplió. Los investigadores analizan si la mujer ofrecía gestiones para obtener beneficios institucionales, algo que ahora la Justicia deberá probar caso por caso.

El retiro del arma y los allanamientos

El domingo, Asuntos Internos dispuso retirarle el arma reglamentaria a la agente, que ya estaba con licencia desde hacía semanas. Se trata de una medida administrativa que no implica por sí misma una declaración de responsabilidad penal, pero marca una señal fuerte dentro de la institución.

En paralelo, los allanamientos realizados en domicilios de La Merced y Rosario de Lerma permitieron secuestrar tres teléfonos celulares que ahora son analizados. El contenido de esos dispositivos podría ser determinante para establecer si existieron otros contactos, pagos o gestiones vinculadas con los supuestos ofrecimientos.

La causa tiene dos frentes

Por un lado, la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, a cargo de Daniel Alejandro Escalante, investiga si hubo delitos y quiénes participaron. Por otro, Asuntos Internos lleva adelante actuaciones administrativas por tratarse de personal policial. Cada situación será analizada de manera individual, informaron fuentes de la causa.

Si se confirma que hubo personas que efectivamente pagaron por obtener beneficios, la causa dejaría de ser una presunta estafa individual y pasaría a tener una dimensión institucional. También deberá establecerse qué conocimiento tuvieron quienes accedieron a esos beneficios y si les corresponde alguna sanción.

Las fuentes consultadas por El Tribuno aseguran que la investigación habría permitido identificar a más de un efectivo que recibió propuestas de este tipo, y que incluso algunos de esos beneficios llegaron a concretarse. Ese es uno de los puntos más delicados de la trama.

Por ahora, la Justicia debe probar cada extremo. Lo que sí está claro es que el caso dejó de ser una simple denuncia por un cambio de destino: podría ser la punta de un iceberg de un mercado clandestino de beneficios dentro de la Policía de Salta.