Escándalo en la Rosada: Denuncian al expresidente Fernández por obras públicas tras confesión de exparticipante de GH

Una revelación personal en un programa de televisión desató una bomba judicial que apunta directamente al expresidente Alberto Fernández. Dos abogados presentaron una denuncia penal para investigar si su relación con una empresaria derivó en la adjudicación irregular de millonarias obras del programa PROCREAR durante su gobierno.

Los letrados Roberto Herrero y Mariano Di Giuseppe formalizaron la acusación ante un juzgado federal. En la mira están el exmandatario, su exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la empresaria Lorena González del Valle.

¿El origen del escándalo? Una confesión en televisión

Todo comenzó cuando González del Valle, exparticipante de Gran Hermano y dueña de la constructora Niro Construye S.A., reconoció públicamente que mantuvo un vínculo personal con Alberto Fernández. Según la denuncia, tras ese contacto, la empresaria fue derivada al entonces ministro Ferraresi.

Poco después, su empresa empezó a participar y a ganar licitaciones del programa estatal de viviendas. Los abogados sostienen que la firma compitió en nueve procesos y se habría adjudicado al menos cuatro de ellos, todos financiados con fondos nacionales.

Las obras millonarias bajo la lupa

Los proyectos cuestionados se encuentran en municipios de la provincia de Buenos Aires. Según la información recabada, Niro Construye S.A. construyó 240 viviendas en Esteban Echeverría, obra que fue inaugurada por el propio Fernández.

También ejecutó un megaproyecto de 512 casas en el barrio de Wilde, en Avellaneda, distrito que Ferraresi gobernó. Otras adjudicaciones incluyen los desarrollos “Piñeyro Rivadavia” (321 viviendas) y “Piñeyro Entre Ríos” (128 viviendas) en la misma zona, sumando obras en Luján y Martín Coronado.

Para los denunciantes, este patrón de adjudicaciones sucesivas, luego del contacto personal con la máxima autoridad, es altamente sospechoso. Advirtieron que, de comprobarse, se trataría de un caso de “particular gravedad institucional”.

La investigación que pide la Justicia

El núcleo de la denuncia es una solicitud para que la Justicia federal analice a fondo cada uno de esos procesos licitatorios. Piden que se determine si hubo competencia real entre las empresas, si los criterios de evaluación fueron objetivos y, crucialmente, si existieron influencias externas para favorecer a la firma de González del Valle.

El escrito judicial subraya que la contratación pública es un ámbito crítico del Estado, por las enormes sumas de dinero que maneja y la obligación de garantizar transparencia. Cualquier direccionamiento, argumentan, viola ese principio fundamental.

La consecuencia legal podría ser grave: si se demuestran las maniobras, podría configurarse el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Los abogados también pidieron que la investigación se extienda a cualquier otro funcionario o particular vinculado.

Este caso judicial abre un nuevo y turbulento capítulo sobre el manejo de los fondos públicos durante la gestión anterior, ahora bajo la lupa de una posible influencia indebida que nació, según la denuncia, en los pasillos del poder.