Escándalo en Paraná: concejales acusan al Defensor del Pueblo de usar su cargo para jugar a la política

La interna política en Paraná sumó un nuevo capítulo. El bloque de concejales de Juntos salió con los tapones de punta contra Lisandro Amavet, el Defensor del Pueblo, por su decisión de meterse de lleno en la pelea judicial por los comedores escolares. Lo acusan de abandonar la neutralidad y de usar su investidura como un trampolín partidario.

Todo comenzó cuando Amavet se presentó como "amigo del tribunal" en el amparo colectivo que cuestiona el sistema de compra centralizada de insumos para los comedores que impulsa el Gobierno provincial. La causa está en manos del juez Juan Francisco Malvasio, del Tribunal de Juicios y Apelaciones.

Pero los ediles no se quedaron callados. En un comunicado contundente, expresaron su "preocupación" por una actuación que, según ellos, "se aparta del principio de neutralidad inherente a su investidura". Y fueron más allá: señalaron que el Defensor impulsó "una difusión mediática mediante un comunicado de prensa y una nota de opinión personal", lo que a su criterio evidencia "un marcado posicionamiento político partidario en la discusión pública".

¿Qué le reclaman al Defensor del Pueblo?

El bloque, presidido por Silvia Campos, fue tajante: "Es inadmisible que se utilice la estructura y la representación de la Defensoría del Pueblo como una plataforma de contienda política o para la promoción de posturas personales". Para ellos, la ciudadanía necesita un órgano independiente, "cuya premisa central sea la ecuanimidad y la defensa objetiva de los derechos de la comunidad, libre de sesgos y especulaciones partidarias".

Pero no solo hubo críticas. Los concejales aprovecharon para recordarle a Amavet cuáles son, a su entender, las prioridades reales que debería atender. Y le marcaron una agenda urgente:

Agua potable: los cortes continuos y la baja presión por fallas en las plantas potabilizadoras, que afectan el acceso a un servicio básico.

Transporte público: las deficiencias en el servicio de colectivos, el incumplimiento de frecuencias y el mal estado de las unidades.

Infraestructura urbana: las fallas en el alumbrado, el deterioro de las calles, el bacheo, el drenaje pluvial ante lluvias e inundaciones, y la contaminación de arroyos y cuencas.

Transparencia: acompañar los pedidos de información sobre la gestión de servicios concesionados y el uso de fondos públicos, como el estacionamiento medido o los eventos masivos.

Finalmente, los ediles le pidieron a Amavet que "cese el uso del cargo con fines de actuación política", que recupere la neutralidad institucional y que cumpla estrictamente con el marco normativo que regula sus funciones.

El cruce promete seguir dando que hablar, mientras la Justicia define el futuro del amparo por los comedores.