Escándalo en Pomán: denuncian que el intendente retiene fondos del Concejo y deja a 10 empleados sin cobrar
¿Qué esconde el municipio de Pomán? El Concejo Deliberante denuncia retención de fondos y empleados sin cobrar. Conocé los detalles que nadie contó.
El Concejo Deliberante de Pomán estalló contra el Ejecutivo municipal. Walter Centeno, presidente del cuerpo, acusó al intendente Francisco Gordillo de retener fondos y desabastecer de insumos al organismo, en una maniobra que consideró un ataque directo a la división de poderes.
En diálogo con el periodista José Alsina Alcóbert, en el programa “La Mañana en La Isla” de La Isla FM 107.9, Centeno detalló que la comuna no gira las partidas que corresponden por ley al Concejo, lo que deja a trabajadores sin cobrar y oficinas sin elementos básicos.
¿Cuánto dinero le corresponde al Concejo?
Según explicó el titular del cuerpo legislativo, al no aprobarse una nueva pauta presupuestaria para este año, se recondujo el presupuesto del 2025. Sobre un total municipal de $20.644 millones, la ley asigna al Concejo Deliberante $634 millones.
Sin embargo, Centeno afirmó que esas partidas nunca llegan: “Hay una retención ilegal de fondos. Desde hace dos años que no se giran las partidas como corresponde. Pedimos que se cumpla con la ley, no estamos exigiendo nada fuera de lo reglamentado”.
Desabastecimiento y empleados sin cobrar
La falta de giros golpea tanto el funcionamiento diario como los salarios. El 19 de junio se envió una nota formal pidiendo elementos esenciales como hojas, tóners y otros bienes, pero el reclamo sigue sin respuesta.
La plantilla autorizada del Concejo es de 21 personas, pero hoy trabajan solo 16, cinco menos que el cupo permitido. Aún así, 10 empleados incorporados en noviembre acumulan 8 meses sin cobrar.
Centeno contrastó esta situación con las decisiones del Ejecutivo: “Nos damos con la sorpresa de que al personal incorporado en el Concejo nunca se le pagó, pero antes del receso ingresaron aproximadamente 40 personas a la planta permanente del municipio. Es una contradicción y un manejo discrecional”.
Ultimátum de 72 horas y posible vía judicial
Tras agotar los reclamos administrativos con notas presentadas en febrero, marzo y junio, el cuerpo aprobó por mayoría una resolución que intima al municipio a regularizar los pagos y enviar los materiales en un plazo de 72 horas hábiles.
Si no hay respuesta favorable, el Concejo evalúa iniciar acciones judiciales de manera inminente. Además, Centeno denunció que la intendencia no promulga las ordenanzas aprobadas, lo que obliga a que entren en vigencia por el paso del tiempo reglamentario (10 días hábiles) o tras rechazar los vetos municipales.
Riesgo para la institucionalidad
El presidente del cuerpo deliberante advirtió que la falta de autonomía económica “quiebra la división de poderes” y perjudica la institucionalidad de la cabecera departamental. La situación, según Centeno, es de extrema gravedad y pone en jaque el normal funcionamiento del Concejo.
