Escándalo en Salta: 15 imputados por falsificar certificados para cobrar pensiones por discapacidad

Quince personas, entre ellas diez funcionarios públicos y varios médicos, fueron imputadas por integrar una red que falsificaba documentación para otorgar pensiones por discapacidad en el departamento de Anta, Salta. El fiscal general Carlos Martín Amad formalizó las acusaciones tras una investigación que comenzó en julio de 2024.

La maniobra consistía en emitir certificados médicos apócrifos y adulterar exámenes para que personas sin discapacidad obtuvieran el beneficio que paga la ANSES. Según el fiscal, el perjuicio económico ascendería a 3.240 millones de pesos por mes solo en la ciudad de Salta.

¿Quiénes son los acusados?

Entre los imputados se encuentran los médicos José y Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana, este último actual diputado provincial por Anta. También fue imputado Oscar Luna, exgerente del hospital de El Quebrachal, que no es médico sino licenciado en Comunicaciones.

La lista incluye al exjefe de la sucursal de ANSES en El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar; al bioquímico Luciano Benjamín Esteban; a los empleados municipales Manuel Rolando Córdoba, Estela Mary Romano y Luis Casares; y a un kiosquero identificado como Hugo M., que captaba beneficiarios en su local.

¿Cómo operaba la red?

Según la imputación, los acusados obligaban a los aspirantes a pagar sumas que superaban los 300 mil pesos, e incluso llegaban a 1 millón, para gestionar un trámite que debía ser gratuito. Las víctimas, en situación de vulnerabilidad, vendían animales o tomaban préstamos para afrontar esos costos.

El fiscal detalló que los médicos emitían certificados de enfermedades inexistentes como chagas, diabetes o problemas de columna, con porcentajes de incapacidad superiores al 66%, requisito indispensable para obtener la pensión. En los hospitales públicos se les negaba la atención para derivarlos a clínicas privadas de los propios imputados.

El kiosquero Hugo M. falsificaba documentos con su fotocopiadora y cargaba los trámites en la web de ANSES con claves que le facilitaba Salazar. En conversaciones intervenidas, se lo escucha coordinando con los médicos: “Hola, doctor. Ahí te mando un análisis; supuestamente son de diabetes. Quería saber si están bien, si así son los análisis de diabetes. Avisame. Era para yo poder cambiarle el nombre, para una parienta mía ahí, para que cargue la auditoria”.

El rol del diputado Orellana

El fiscal también apuntó contra Orellana, quien entre 2007 y 2011 fue intendente de Joaquín V. González. Se le atribuye haber avalado con su firma trámites irregulares y ofrecer pensiones a cambio de votos en épocas electorales. Se citó el caso de una persona de 32 años que trabaja como empleada doméstica y que obtuvo una pensión con un diagnóstico del 97% de discapacidad validado por Orellana.

La investigación, que incluyó 26 allanamientos en noviembre y junio, permitió secuestrar celulares y documentación que corroboran la participación de cada acusado. El juez federal Diego Anzorreguy autorizó un plazo de investigación de un año y la anotación de litis sobre los bienes de los imputados.

Además, un informe de Gendarmería Nacional reveló que en la ciudad de Salta unas 9.000 de las 39.715 pensiones vigentes no cumplirían los requisitos, lo que representa un perjuicio de casi 40 mil millones de pesos anuales.