Escándalo en Salta: dos diputados imputados en menos de una semana

La Legislatura salteña es un hervidero. En apenas días, dos diputados quedaron en la mira de la Justicia por graves acusaciones. Uno por un loteo social con millonarios faltantes y otro por una red de pensiones truchas. Los fueros no los salvan.

¿Quién es el primer diputado en problemas?

El 11 de agosto, el exintendente de San Carlos y actual diputado, Héctor Raúl "Rulo" Vargas, fue imputado provisionalmente por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC). Las denuncias, presentadas entre 2023 y 2024, apuntan a su gestión municipal.

La Fiscalía le imputa incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica. El caso más escandaloso: la compra y venta de un terreno para un loteo social. Lo adquirieron por 15 millones de pesos sin autorización del Concejo Deliberante. Los peritos del CIF detectaron ingresos por más de 16,8 millones, pero hay un faltante injustificado de fondos.

Además, se firmaron resoluciones asegurando que el predio contaba con servicios básicos y planos aprobados. Las inspecciones oculares demostraron lo contrario: brillaban por su ausencia.

Como si fuera poco, la lupa también se posó sobre el manejo de fondos nacionales del programa PROTAAL. Casi 9,5 millones de pesos destinados a familias del paraje San Rafael quedaron sin rendición de cuentas. Y hay más: 18 retiros mediante cheques por más de 64 millones de pesos desde una cuenta oficial de la Municipalidad, sin documentación respaldatoria.

¿Qué pasa con el "médico del pueblo"?

Sin respiro en la Legislatura, la Justicia Federal avanzó contra el diputado provincial por Anta, Francisco Gerardo Orellana, conocido como el "médico del pueblo". La investigación, encabezada por el fiscal federal Carlos Amad, lo imputó formalmente junto a exfuncionarios y personal hospitalario.

La acusación: una supuesta asociación ilícita dedicada a falsificar documentación médica para tramitar pensiones no contributivas por invalidez. La operatoria funcionaba como una red clientelar para captar voluntades políticas en sectores vulnerables. El legislador habría validado solicitudes que no cumplían con los requisitos legales.

¿Cómo sigue la Legislatura?

Mientras las investigaciones avanzan en los tribunales, la Cámara de Diputados mantiene la calma. La legisladora Socorro Villamayor reconoció ante los medios que el cuerpo no recibió requerimientos formales. Esperan los pedidos de la Justicia, recordando que los fueros no eximen a los legisladores de ser investigados.

La pregunta es: ¿qué pasará con estos dos diputados? ¿Renunciarán a sus fueros? ¿O seguirán ocupando sus bancas mientras la Justicia avanza? El tiempo dirá.