Escándalo en Tartagal: denuncian a un concejal por hostigamiento y violencia psicológica

La secretaria legislativa del Concejo Deliberante de Tartagal, Roxana Drube, presentó una denuncia formal contra el concejal Manuel Germán Moreno (LLA) por presuntos actos de violencia psicológica y hostigamiento. El caso quedó radicado en la Oficina de Violencia Familiar y de Género de esa ciudad salteña.

Según el acta labrada el 5 de agosto, los hechos comenzaron a registrarse desde los primeros meses de la gestión de Drube como secretaria legislativa. La funcionaria relató discusiones por procedimientos administrativos, pedidos de expedientes y constantes cuestionamientos por parte de Moreno sobre su desempeño.

Uno de los episodios más graves ocurrió cuando el edil la señaló públicamente como "oficialista" mientras ella intentaba explicarle el reglamento interno. Además, la acusó de haber ingresado un expediente fuera de horario y realizó publicaciones en las que ponía en duda el funcionamiento del área.

El episodio del 17 de julio

El hostigamiento habría continuado durante los meses siguientes. En particular, Drube denunció un hecho ocurrido el 17 de julio, cuando Moreno se presentó en su oficina para pedir documentación de una comisión de la que no formaba parte. Ante la negativa de la funcionaria, el concejal le habría advertido que haría una nota pública para denunciar que la Secretaría Legislativa no cumplía sus funciones.

La secretaria legislativa aseguró que estas situaciones se trasladaron al ámbito público y que las reiteradas referencias a su trabajo comenzaron a afectarla psicológicamente. "Sentí temor por eventuales represalias laborales", manifestó en su presentación.

Qué pidió Drube a la Justicia

En su denuncia, la funcionaria solicitó que se intime a Moreno a abstenerse de ejercer actos de violencia psicológica en su contra y de realizar declaraciones públicas sobre su persona y su labor. También pidió que tanto el denunciado como los demás integrantes del Concejo Deliberante reciban capacitación obligatoria en violencia de género, en el marco de la Ley Micaela.

Drube aclaró que inicialmente no quería hacer público el conflicto ni convertirlo en una cuestión política, pero decidió recurrir a la vía judicial al no encontrar una solución dentro del ámbito laboral. Ahora, la Oficina de Violencia Familiar y de Género de Tartagal deberá evaluar las medidas correspondientes.