Escándalo en Ulapes: los ocho policías imputados y las versiones que no cierran

La causa por apremios ilegales en una comisaría de Ulapes sacude a la policía provincial. Ocho efectivos fueron imputados, pero la situación administrativa de cada uno es un misterio.

Según las denuncias, las víctimas fueron detenidas, trasladadas a la seccional y allí encapuchadas y golpeadas para que confesaran un delito. El fiscal Julián de la Colina confirmó las imputaciones: cinco policías de guardia, el comisario, el segundo jefe y otro oficial. No hay detenidos, pero la investigación sigue.

¿Qué denuncian las víctimas?

Los denunciantes relataron que fueron sacados de sus casas o de la vía pública y llevados a la comisaría. Allí, con capuchas en la cabeza, recibieron golpes mientras los presionaban para que admitieran un hecho que, según ellos, no cometieron.

La representación legal de las víctimas marcó un punto crítico: es casi imposible identificar a los agresores porque las víctimas tenían el rostro cubierto. Por eso, pidieron preservar el libro de guardia y las cámaras de seguridad, claves para avanzar.

¿Suspensión o licencia?

Mientras la justicia avanza, el conflicto se trasladó al terreno administrativo. Al principio, se dijo que Asuntos Internos había apartado preventivamente a los ocho. Pero después surgió otra versión: estarían con licencias médicas o administrativas, sin suspensión formal.

La querella presentó documentación certificada para exigir que se defina la situación laboral de los imputados y que los sumarios avancen. La Secretaría de Derechos Humanos provincial, que interviene desde el inicio, también reclamó celeridad y resguardo de pruebas.

La causa sigue su curso, sin condenas y con medidas pendientes. Mientras tanto, en Ulapes, el malestar crece y las versiones cruzadas no hacen más que alimentar la controversia.