Escándalo en un club de Santiago: denuncian amenazas y encubrimiento mientras piden protección para las jóvenes

Un escándalo sacude a un club deportivo de Santiago del Estero después de que el abogado Carlos Ríos López presentara una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por presuntos abusos sexuales que involucran a integrantes de la institución. El letrado, que representa al psicólogo deportivo del club, no solo reclama una investigación urgente, sino que advierte sobre presuntas amenazas y un posible encubrimiento que complican aún más el caso.

Ríos López habló con Noticiero 7 y fue contundente: “Yo no sé si hubiera un abuso o no, pero no me consta, lo que yo sí sé es que aquí ya no voy a hablar en potencial: hay, hubo y sigue existiendo el delito de amenaza y de encubrimiento”. Con estas palabras, el abogado puso el foco en lo que considera hechos posteriores a las denuncias iniciales, que deberían investigarse de manera independiente.

¿Qué pasó en el club?

Según el relato de Ríos López, las jugadoras habrían contado sus experiencias al psicólogo deportivo de la institución. Tras conocer esos testimonios, el profesional quedó en una situación delicada que terminó con su salida del club y con la posterior presentación ante la Justicia.

Para el letrado, el caso no debe analizarse únicamente desde la existencia o no de los presuntos abusos, sino también desde lo que ocurrió después dentro de la institución. En particular, señaló que las jóvenes habrían sido intimidadas para evitar que hablaran sobre lo ocurrido.

El rol del Estado y la urgencia de actuar

Ríos López fue crítico con la respuesta estatal: “No es que falten protocolos, ni que falten leyes”, sostuvo, y planteó que el principal problema es la distancia entre las víctimas y el acceso a la Justicia. Por eso, consideró que la intervención no debería depender exclusivamente de que las jóvenes formalicen una denuncia penal, especialmente si hay temor o presión.

Entre las medidas que propuso, mencionó la realización de un relevamiento socioambiental y un trabajo de contención con profesionales, tanto dentro del club como en el entorno de las jugadoras. “Se puede y se debe enviar una trabajadora social o un grupo de trabajadores sociales al club”, afirmó.

Además, reclamó celeridad a la Fiscalía: “Todo este tiempo se pierde prueba”, advirtió. Según su interpretación, una demora puede significar la pérdida de elementos probatorios y una mayor exposición de las jóvenes a posibles presiones.

¿Quiénes están implicados?

El abogado también cuestionó que, mientras avanza la investigación, personas señaladas en los relatos continúen vinculadas a la conducción de la institución. Por eso, pidió que se analice una eventual intervención preventiva del club y la presencia de profesionales que evalúen la situación de las jugadoras.

“Ya tiene que haber un equipo de trabajadores sociales este fin de semana para noticiarse de cómo están esas chicas, mínimo”, reclamó. También criticó algunas decisiones sobre la participación deportiva del equipo, que podrían terminar afectando a las propias jóvenes que dieron a conocer lo ocurrido.

La presentación ante el Ministerio Público Fiscal abre una nueva etapa. La Justicia deberá recibir testimonios, reunir pruebas y determinar qué medidas adoptar. Ríos López aseguró que ya tuvo contacto con la fiscal que podría intervenir y se mostró a disposición para aportar elementos.

Mientras tanto, su pedido central es claro: que la respuesta no se limite a investigar, sino que contemple la protección de las jóvenes y las responsabilidades por las amenazas o el presunto encubrimiento. “Yo no espero que la próxima semana tengamos novedades. Yo espero que hasta ahora tengamos novedades”, sentenció.