Escándalo en una cárcel de San Juan: el dato que estremeció a la Justicia

Un hecho que remeció los cimientos institucionales de San Juan salió a la luz en los tribunales. Un agente del Servicio Penitenciario Provincial fue enviado a prisión preventiva por dos meses, acusado de un aberrante abuso sexual contra un interno en la cárcel de Chimbas. La medida, que se conoció este miércoles, dejó al descubierto un entramado de poder y vulnerabilidad que ahora investiga la fiscalía.

¿Qué resolvió el juez?

En una audiencia de formalización celebrada en los Tribunales de San Juan, el juez de Garantías interviniente hizo lugar al pedido de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) Especializada. Así, el guardiacárcel quedó imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, una calificación que contempla su condición de funcionario público y la situación de encierro de la víctima.

La detención cautelar no solo busca asegurar la presencia del imputado en el proceso, sino también evitar que pueda entorpecer la investigación o presionar a testigos dentro del establecimiento penitenciario. La fiscalía fue contundente al señalar que la medida es indispensable para garantizar la protección de la víctima y la integridad de la pesquisa.

¿Dónde ocurrieron los hechos?

Según la denuncia radicada por el recluso y ratificada ante el Ministerio Público Fiscal, los hechos habrían tenido lugar en el interior de uno de los pabellones del penal de Chimbas, donde el agente prestaba servicios. El acusado, aprovechando su posición de autoridad y la extrema vulnerabilidad del interno, habría cometido la agresión sexual.

Tras la denuncia, se activó de inmediato el protocolo de asistencia a víctimas de delitos sexuales, y las autoridades del Ministerio de Gobierno y la dirección del penal iniciaron las actuaciones administrativas para suspender preventivamente al agente en su cargo.

¿Qué viene ahora?

En los próximos 60 días, la fiscalía tiene previsto completar las pericias psicológicas, los estudios médicos forenses y las testimoniales del personal que estaba de turno. El marco legal es claro: la legislación penal argentina y el Código Procesal Penal de San Juan prevén penas severas para los casos de abuso sexual cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones.