Escándalo en Villa Urquiza: secuestran celulares usados para extorsionar y piden un corte radical
Un allanamiento en Villa Urquiza destapó una red de extorsión desde las celdas. ¿Qué encontraron y qué propone José Cano para frenarlo?
El secuestro de teléfonos móviles en el Penal de Villa Urquiza destapó una olla a presión: internos vinculados a la causa de los 470 kilos de cocaína manejaban una red de extorsión desde sus celdas. El legislador José Cano, furioso, exige que se prohíba la telefonía celular en todas las cárceles de la provincia.
El operativo, ordenado por la Justicia, dejó al descubierto que los detenidos no solo tenían dispositivos móviles, sino que los usaban para coordinar delitos complejos con total impunidad. La vulnerabilidad del sistema penitenciario tucumano quedó otra vez en el centro de la escena.
“Centros de operaciones del crimen organizado”
“Es inadmisible que las cárceles funcionen como centros de operaciones del crimen organizado”, disparó Cano. El referente opositor marcó una diferencia brutal: “Mientras los vecinos viven con miedo, los delincuentes gozan de privilegios para seguir extorsionando impunemente con la complicidad del Estado”.
El legislador no se quedó solo en la queja. Presentó un proyecto de ley que propone restringir al máximo la comunicación en penales y alcaidías. La iniciativa obligaría al Ministerio de Seguridad a instalar inhibidores de señal en todo el perímetro carcelario y prohibiría el uso de celulares e internet para los internos.
Sanciones para el personal penitenciario
Pero la barrera tecnológica no alcanza. El proyecto también contempla un régimen de sanciones severas para los agentes penitenciarios que faciliten el ingreso de estos dispositivos. “Hay que castigar a quienes faciliten estos dispositivos. La seguridad no se negocia”, enfatizó Cano, apuntando directamente a la cadena de complicidades que permite que la tecnología prohibida entre a las unidades.
El origen del problema: la pandemia
El uso masivo de celulares en las cárceles tucumanas se habilitó durante la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando se flexibilizaron los controles para que los presos pudieran tener contacto con sus familias. Para Cano, ese beneficio se desvirtuó por completo y hoy es un peligro real para la sociedad.
“Desde la pandemia se permitió el uso indiscriminado de celulares sin control. La Legislatura no puede seguir dilatando este debate; hay que cortar de raíz los delitos que se manejan desde las celdas”, concluyó el legislador, dejando en claro que el tema no puede esperar más.
