Escándalo policial en Tucumán: Dos nuevos comisarios detenidos por usar presos como mano de obra privada

La investigación por el uso de detenidos como trabajadores forzados en una casa de El Cadillal se amplía con la detención de dos altos mandos policiales. La Justicia ordenó el arresto de los comisarios Edim Roberto Ale Nasser y Fabiana Elizabet Villagrán, acusados de ser piezas clave en la maniobra que ya tiene tras las rejas al exjefe de la Unidad Regional Norte.

Con estas nuevas detenciones, ya son cuatro los comisarios involucrados en el expediente. Los otros dos son Gustavo Beltrán, exjefe de la Unidad Regional Norte (URN), y Sergio Juárez, ex subjefe, quienes ya se encontraban detenidos. Además, los sargentos Osvaldo Tiseira, Luis Trejo y el sargento ayudante Walter Frías continúan con arresto domiciliario.

¿Cuál fue el rol de los nuevos detenidos?

Según la acusación fiscal, Ale Nasser, jefe de la División Infantería Norte, habilitó un espacio no autorizado dentro de sus dependencias para alojar a los presos. Este lugar, que no estaba habilitado para tal fin, se convirtió en un centro de operaciones ilegal desde donde se trasladaba a los detenidos a la propiedad de Beltrán. Incluso, se permitió que los internos recibieran visitas familiares en ese sitio.

La Fiscalía, a cargo de Mariana Rivadeneira, sostiene que Ale Nasser puso a disposición móviles policiales, efectivos y recursos logísticos para transportar no solo a los presos, sino también herramientas y materiales de construcción hasta la vivienda en El Cadillal. Allí, los detenidos realizaban tareas de albañilería, pintura y herrería.

Por estos hechos fue imputado formalmente por peculado de uso y de servicio en calidad de partícipe necesario, en concurso real con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La coordinadora interna de la maniobra

En el caso de la comisaria Fabiana Elizabet Villagrán, su rol habría sido de coordinación interna dentro de la URN. La acusación indica que ella organizaba la salida de los efectivos y los detenidos hacia la propiedad de su superior, transmitiendo las órdenes del comisario Beltrán.

Su labor consistía en coordinar las tareas y los movimientos de los sargentos Tiseira y Trejo junto con los detenidos José Daniel Sarapura, Lorenzo Miguel Romano, Juan José Santillán y Miguel Adolfo Navarro.

El dato más grave es que, según la investigación, Villagrán falsificaba registros oficiales. Anotaba los traslados de personal a la casa particular como si fueran “misiones de servicio” legítimas, encubriendo así el desvío de recursos del Estado para un beneficio privado. Por esto fue imputada, además, por falsificación de instrumento público.

Un mes de detención y riesgo de entorpecimiento

Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Federico Lizárraga, representando al Ministerio Público Fiscal, solicitó cuatro meses de prisión preventiva para ambos imputados. Argumentó que existe un “riesgo real de entorpecimiento” de la causa debido a la alta jerarquía que ocupaban en la fuerza.

“Existe una capacidad real de influir sobre testigos y coimputados por su rol jerárquico y pertenencia institucional de ambos imputados”, fundamentó Lizárraga. Añadió que se investiga “una maniobra cometida desde una estructura policial con intervención de personal de distintas áreas y con el uso de recursos del Estado”.

El juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido y ordenó que ambos comisarios permanezcan detenidos por el plazo de un mes, mientras avanzan las medidas investigativas.

Los detalles de la maniobra ilegal

La investigación establece que, entre principios de agosto y el 11 de noviembre de 2025, el entonces jefe Beltrán dispuso el traslado irregular de los cuatro detenidos. Estos debían permanecer en las comisarías de Chuscha y Choromoro, pero fueron movidos a dependencias de la URN en Tafí Viejo (calle 9 de Julio y Monteagudo) sin autorización judicial ni registro oficial.

El objetivo final era utilizarlos como mano de obra en una casa de veraneo en construcción, propiedad de Beltrán, ubicada en la comuna de El Cadillal.

El 11 de noviembre de 2025, el operativo se puso en marcha: los sargentos Trejo y Tiseira trasladaron a dos de los detenidos en el móvil policial TUC-330, utilizando combustible provisto por el Ministerio de Seguridad, para que continuaran con las tareas de albañilería en la propiedad.

Para los investigadores, todo el esquema funcionó con la participación articulada de distintos miembros de la estructura policial y con un uso sistemático de recursos estatales, lo que configura una grave red de delitos dentro de la institución.