Escándalo por la luz en Jujuy: denuncian que el usuario terminó como cómplice de una evasión millonaria

La concejal de Libertador General San Martín por La Libertad Avanza, Dolly Cespedes, se sumó a los cuestionamientos contra EJESA y la SUSEPU tras la denuncia penal tributaria que involucra unos $6.600 millones. La edil apuntó contra los aumentos desmedidos del cargo FOPEJ y la falta de audiencias públicas, y advirtió sobre la opacidad en el manejo estatal de las energías renovables.

Una denuncia que crece

Las repercusiones por la denuncia penal tributaria presentada ante la Justicia Federal contra la distribuidora eléctrica EJESA siguen escalando en la política provincial. Después de las advertencias del diputado Juan Soler y del anuncio de la asociación CODECUC de evaluar su rol como querellante, ahora fue Cespedes la que salió a cuestionar con dureza la operatoria de la compañía y el papel de los organismos de control del Estado.

La concejal e ingeniera analizó los pormenores del expediente que investiga la presunta evasión agravada de IVA y la apropiación indebida de tributos a los combustibles por más de $6.650 millones, y alertó que los usuarios quedaron desprotegidos frente a un sistema sin controles eficaces.

“Lo más grave es que nuevamente el usuario termina siendo el perjudicado. La gente no entiende lo que paga, recibe facturas con montos cada vez más altos y ahora la situación se agrava al quedar expuesta de manera forzosa como responsable de una evasión fiscal generada por la falta de controles”, aseveró.

El FOPEJ bajo la lupa

Uno de los ejes centrales que puso sobre la mesa fue el comportamiento del Fondo Provincial de la Energía de Jujuy (FOPEJ), ese concepto que aparece en las facturas para subsidiar el Sistema Aislado Provincial. Según la denuncia penal, sobre este cargo se omitió aplicar la alícuota del IVA y se cobraron tributos sobre volúmenes teóricos de combustible que nunca habrían sido adquiridos ni consumidos para la generación eléctrica.

Cespedes remarcó que los incrementos aprobados por la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) alcanzaron porcentajes exorbitantes sin la debida instancia de participación ciudadana. Los números que mencionó son contundentes: en el caso de los usuarios residenciales, el FOPEJ pasó de $14,43 a $19,00 por kWh, lo que representa un incremento acumulado del 3.162%. Para los no residenciales, el valor trepó de $19,41 a $22,00 por kWh, equivalente a un aumento del 131%.

“El FOPEJ recauda más de 1.000 millones de pesos mensuales a través de la boleta de luz. ¿Por qué estos aumentos se aprueban sin realizar una audiencia pública? ¿Por qué no hay transparencia en el gasto público de un cargo que pagamos todos los jujeños y que no se traduce en mejoras en el servicio?”, cuestionó la edil, que además recordó que ante eventos meteorológicos recientes miles de usuarios sufrieron cortes prolongados por la falta de inversiones en la red.

Críticas al modelo energético

La discusión no se quedó solo en el FOPEJ. Cespedes amplió el análisis hacia el funcionamiento integral del sistema energético jujeño y puso bajo la lupa el contraste entre los elevados costos tarifarios que soporta la población y los recursos que generan los parques solares de la provincia, como Cauchari y los emprendimientos distribuidos en la zona de Yungas.

En ese sentido, criticó que la energía producida localmente se derive prioritariamente al mercado mayorista (CAMMESA) en lugar de redundar en una rebaja directa para las industrias y los hogares jujeños. También apuntó a la distorsión tributaria en las boletas, donde los impuestos y tasas municipales o provinciales llegan a representar cerca del 47% del valor total pagado por el usuario.

Para cerrar, la concejal respaldó los pedidos presentados en el ámbito legislativo para declarar la emergencia energética y frenar los cortes de servicio por falta de pago, y remarcó la necesidad de someter la concesión de EJESA y la actuación de los funcionarios de la SUSEPU a una auditoría judicial e institucional independiente.