Escándalo por títulos truchos: el gremio SIDCa exige que Fiscalía de Estado se sume como querellante

El escándalo por la entrega de títulos apócrifos en una escuela de Catamarca no se detiene. Sergio Guillamondegui, secretario general de SIDCa, salió a pedir que Fiscalía de Estado se constituya como querellante en la causa, mientras advierte sobre un “efecto cascada” y la falta de controles que habría permitido la maniobra.

El sindicalista dialogó con el periodista José Alsina Alcobért en el programa “La Mañana en La Isla”, emitido por La Isla FM 107.9, y reveló detalles que encienden las alarmas. La entrega de los títulos irregulares habría comenzado en 2018 y, según Guillamondegui, las responsabilidades alcanzan a todos los niveles.

¿Qué dijo el gremio sobre los títulos truchos?

“Nosotros estamos trabajando para constituirnos en querellantes, esto es un quilombo institucional. Acá las responsabilidades van a ir desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba”, sostuvo el dirigente. Y agregó: “No solo es la responsabilidad de quienes tuvieron los controles por acción u omisión, sino también de los que comercializaban y compraban de manera dolosa a sabiendas de que no era un título auténtico”.

El secretario general del gremio docente fue contundente al referirse a las implicancias penales para quienes adquirieron estos certificados de manera irregular. “Esto es usurpación, el que compró tiene usurpación de títulos, tiene administración fraudulenta porque se inscribió en la junta, defraudación agravada al Estado, un combo de delitos”, enumeró.

¿Qué pasa con los alumnos involucrados?

Uno de los datos más preocupantes que dejó la entrevista es que algunos de los que obtuvieron los títulos apócrifos siguen siendo alumnos de la institución. “No han sido expulsados, ni han sido exonerados. Yo no sé dónde está la dirección de nivel que no cruzó los datos”, cuestionó Guillamondegui.

El sindicalista también puso el foco en la demora judicial. “Todavía la fiscalía no hizo allanamientos, no tomó testimoniales a los demás empleados que no fueron sindicados para ver si hay alguna participación”, señaló. En ese sentido, mencionó que hay tres empleados administrativos, la rectora y una empleada que tenía horas institucionales y que ya no trabaja en el sistema.

“Queremos llegar a la verdad real, presenten lo que está porque era una denuncia precaria la del 9 de abril y faltaba darle más elementos al fiscal”, reclamó el dirigente, y explicó que el fiscal que debería intervenir es Barros Jorrát, porque se trata de un delito contra la administración pública.

¿El gremio es víctima?

Consultado sobre si esta situación afecta directamente al gremio, Guillamondegui fue claro: “Nosotros no somos una víctima directa”. Sin embargo, aclaró que existen antecedentes jurisprudenciales que podrían convertirlos en víctimas indirectas, ya que se alteraron los listados de orden de mérito y eso perjudica a sus afiliados en el acceso al trabajo.

Por eso, insiste en que Fiscalía de Estado debe promover la acción penal. “Son ellos los que tienen que estar”, advirtió. Mientras tanto, los nuevos normalizadores recién asumieron y deberán investigar qué fue lo que realmente pasó en la institución.