Escuela rural sin agua: la Justicia frenó el traslado de los chicos y obligó a Educación a buscar otra solución

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dio luz verde a un amparo presentado por una madre y le ordenó al ministerio de Educación que garantice la continuidad escolar de los alumnos de la Escuela Hogar 152 de Cerro Alto, sin desarraigarlos de su comunidad. La decisión, firmada el último martes, deja sin efecto la idea del Gobierno de mudar a los chicos a un establecimiento más lejano.

El conflicto comenzó cuando la Provincia dispuso el cierre "transitorio" de la escuela rural por problemas en la provisión de agua. La alternativa ofrecida consistía en reubicar a los estudiantes en otra escuela, con transporte escolar que los llevaba los lunes y los traía recién los viernes. Esa modalidad, que implicaba que los menores pasaran toda la semana lejos de sus familias, fue el eje del reclamo judicial.

La madre que inició el amparo, con hijos en la escuela 152, obtuvo un primer fallo favorable del juez civil de Bariloche, Cristian Tau Anzoátegui, en mayo pasado. La Provincia, a través de su apoderada Blanca Passarelli, apeló. Pero el STJ, con la firma de Sergio Barotto y la adhesión de Sergio Ceci y Ana Piccinini, ratificó la esencia del fallo, aunque con un matiz.

¿Qué resolvió exactamente el STJ?

Los jueces reconocieron que la escuela "compone el ámbito habitual de escolarización" de los chicos y que su cierre indefinido altera la vida cotidiana de las familias. Por eso, ordenaron al ministerio que "adopte las medidas necesarias" para asegurar la continuidad educativa, pero sin afectar los vínculos familiares y el entorno comunitario. El plazo para cumplir es de 15 días.

La sentencia no obliga a la reapertura del edificio, sino a buscar alternativas menos perjudiciales. De hecho, el tribunal dejó en claro que no convalida el traslado a escuelas más distantes, salvo que el Estado garantice un transporte diario. Algo que hoy no ocurre.

El agua, el punto central de la disputa

La resolución de Educación que dispuso el cierre, el 12 de febrero pasado, decía que la medida era "transitoria", pero no fijaba plazos ni detallaba cómo se resolvería el faltante de agua. Esas omisiones fueron subrayadas tanto por el juez Tau Anzoátegui como por el propio STJ.

Además, los informes técnicos de la empresa contratista Estepa Perforaciones, citados en el fallo, indicaban que no había una recomendación de cierre, sino sugerencias de soluciones a corto y mediano plazo, como una perforación de mayor profundidad. Según el defensor general Ariel Alice, el abastecimiento mínimo estaba cubierto dado el escaso número de alumnos.

El procurador Jorge Crespo fue más contundente: la solución adoptada por Educación "generó desarraigo y una separación familiar que perjudica el desarrollo de los niños".

El drama de las familias

El tribunal tomó nota de los testimonios de las madres. Una de ellas tuvo que mudarse con sus hijos a Comallo, alquilar una vivienda y reorganizar toda su vida, mientras su pareja se quedaba trabajando en el campo. Otra contó que la distancia le generó "dificultades económicas y organizativas", y que optó por llevar y traer a su hijo todos los días a la escuela de Corralito, descartando la opción de dejarlo internado de lunes a viernes.

Para los jueces, la prueba "resulta suficiente para demostrar la afectación del derecho a la educación" y la insuficiencia de la respuesta estatal. En su fallo, destacaron que el cierre no era una medida indispensable y que, con una gestión adecuada del recurso, se podría haber alcanzado el abastecimiento requerido.

La decisión del STJ, que admitió parcialmente la apelación provincial, busca equilibrar el derecho a la educación con la protección del arraigo familiar. Un fallo que marca un precedente en la región y que deja en claro que las políticas públicas no pueden pasar por encima de los derechos de los más chicos.