Escuelas de Santa Cruz en la mira: la Defensoría ya fue notificada por fallas edilicias

La vocal de los padres en el Consejo Provincial de Educación, Nahir Castillo, elevó un reclamo formal ante la Defensoría General del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. El organismo deberá intervenir ante los graves problemas de infraestructura que afectan a varias escuelas de la provincia.

La presentación, que lleva la firma de Castillo, fue dirigida a la Defensora General, Romina Saúl, y se concretó después de que los reclamos administrativos previos no tuvieran respuesta. La vocal ya había enviado notas y solicitado audiencias durante junio y julio, pero sin resultados.

¿Qué escuelas están afectadas?

El escrito detalla fallas en establecimientos de Río Gallegos y Caleta Olivia. En la capital provincial, los problemas se concentran en el Colegio Secundario N° 7, la EPP N° 70, el Secundario N° 10, la EPP N° 58 y las escuelas Industriales N° 4 y N° 6.

Según consta en la denuncia, las deficiencias incluyen calefacción, redes de gas, instalaciones eléctricas y suministro de agua. Estas fallas habrían provocado la interrupción o modificación del dictado de clases en varias oportunidades.

En Caleta Olivia, la situación es similar. Allí se implementaron esquemas de rotación de cursos o salas debido a inconvenientes con la calefacción y otros servicios básicos.

“Recurrimos a la Defensoría General tras haber agotado todas las vías administrativas”, expresó Castillo, quien aseguró que la medida busca destrabar una situación que ya afecta el derecho a la educación.

¿Qué medidas se solicitan?

Entre los pedidos concretos, se solicita que la Defensoría realice constataciones técnicas en los edificios mencionados, con participación de los organismos competentes en materia de gas y servicios públicos.

Además, se exige al Consejo Provincial de Educación información sobre el relevamiento de los edificios escolares, los recursos ejecutados y los planes de mantenimiento previstos.

Otro punto clave es la solicitud de garantías para directivos, docentes y otros miembros de la comunidad educativa que aporten información sobre las condiciones reales de los establecimientos. Se busca proteger a quienes denuncien las irregularidades.

Finalmente, se pidió que, si las actuaciones revelan situaciones que requieran otro tipo de intervención, se evalúen las medidas correspondientes.

Con esta acción, Nahir Castillo espera que la Defensoría General tome conocimiento de la crítica situación y presione por soluciones concretas para las escuelas de Santa Cruz.