Espera la sentencia en Río y la fiscalía le cerró la puerta que la salvaba de una condena
La causa por injuria racial contra Agostina Páez en Río entró en su etapa decisiva y la fiscalía le cerró la salida que la mantenía lejos de una condena. El juez tiene la última palabra y hay un umbral de pena que define si podrá cumplirla desde la Argentina.
La abogada santiagueña Agostina Páez recibió un golpe procesal en la recta final del juicio por injuria racial que se le sigue en Brasil: el Ministerio Público de Río de Janeiro se negó a ofrecerle un acuerdo de no persecución penal, la vía que le habría permitido cerrar la causa sin antecedentes.
La decisión la confirmó el organismo en una nota remitida a LA NACION. "En las condiciones en que la acusada practicó las ofensas raciales que se le imputan, no hay posibilidad de acuerdo", sostuvo el MPRJ.
Páez, acusada de insultos racistas contra empleados de un bar de Ipanema, aguarda ahora el fallo del juez Carlos Márcio da Costa, de la 37ª Vara Criminal de Río. La causa entró en la etapa de alegatos finales, la última antes de la sentencia, que aún no tiene fecha.
La defensa, encabezada por la brasileña Carla Junqueira, sostiene que la postura de la fiscalía no obliga al magistrado. Aun así, la negativa deja esa salida prácticamente bloqueada.
Qué pasó en el bar de Ipanema
El episodio que originó el juicio ocurrió el 14 de enero en un local de la calle Vinícius de Moraes. Páez, de 29 años, estaba con dos amigas cuando se produjo una discusión con los empleados por el valor de la cuenta.
Según la acusación, en medio del altercado insultó a los trabajadores con términos racistas y les hizo gestos que imitaban a un mono. Una de esas escenas quedó filmada y el video se viralizó, con fuerte repercusión en Brasil y en la Argentina.
La Justicia de Río aceptó la denuncia y llegó a dictar su prisión preventiva. Después quedó en libertad con tobillera electrónica y con prohibición de salir de la ciudad. En ese período pidió disculpas públicamente y afirmó que desconocía la gravedad de ese delito en Brasil.
Tras más de dos meses en Río, a fines de marzo el Tribunal de Justicia la autorizó a regresar a la Argentina luego de pagar una caución de cerca de US$ 20.000.
El acuerdo que se cayó
El 23 de septiembre el juez envió el expediente a la fiscalía para que evaluara un acuerdo de no persecución penal (ANPP). El fiscal del caso lo rechazó, la defensa pidió revisar esa decisión y la Asesoría Criminal de la Procuraduría General de Justicia confirmó la negativa en un dictamen firmado por el procurador Alexandre Araripe Marinho, al que LA NACION accedió el martes.
El MPRJ explicó que se apoyó en dos razones. La primera es aritmética: el acuerdo solo procede cuando la pena mínima es inferior a cuatro años. La denuncia original imputaba a Páez tres injurias raciales contra tres personas distintas, cada una con un mínimo de dos años.
"La suma de las penas alcanza seis años de reclusión, lo que impide la celebración del acuerdo", señaló el organismo.
La segunda es la gravedad de los hechos. Siempre según la fiscalía, Páez primero llamó "mono" al empleado de la caja mientras imitaba a un primate y luego ofendió a otros trabajadores.
"Incluso después de haber sido alertada de que esas conductas eran delictivas, la acusada, ya de salida del local, ofendió a otras víctimas, llamándolas a los gritos 'monos' y 'negros de mierda'", detalló el MPRJ.
El organismo agregó que la acusada les dijo a las víctimas que no le iba a pasar nada por ser abogada e influencer, "colocándose en una posición de superioridad frente a los empleados del bar e incluso frente a las normas penales brasileñas, por ser de origen extranjero". Por eso concluyó que un acuerdo "no es suficiente".
El MPRJ recordó además que la Constitución, las leyes y la jurisprudencia brasileñas "repudian con vehemencia toda forma de racismo, como una de las más graves violaciones a la dignidad humana".
Qué pide la defensa
Junqueira reclama la absolución. "No hubo delito", aseguró a LA NACION. Según su planteo, el gesto fue dirigido a un empleado que estaba de espaldas, de modo que no hubo daño.
"Y si hubo algo, fue en un único momento, un único delito", explicó la letrada, para quien en ese escenario la pena quedaría por debajo de los cuatro años. Sobre la versión del MPRJ acerca de los insultos a la salida del bar, afirmó que "no está probada".
La abogada también cuestionó el rechazo al acuerdo: "Creo que el Ministerio Público está más preocupado en hacer propaganda antirracista que en pensar en las propias víctimas". A su entender, la caución que pagó Páez, que en caso de condena se descontaría de la reparación, "sería mucho mejor para ellas que un eventual cumplimiento de pena".
Según la defensora, la santiagueña aguarda la sentencia y "espera ser absuelta".
La postura de las víctimas
Tamara Fejolo, una de las letradas que representan a las víctimas del estudio Vieira de Mello Advogados, sostuvo que no hay margen para beneficios y que la querella pide condena por los tres delitos.
"El racismo no se resuelve con un acuerdo", dijo a LA NACION en un mensaje escrito. "Las víctimas fueron humilladas en su propio lugar de trabajo. Esperan una pena a la altura de lo que sufrieron, y no una respuesta simbólica".
La denuncia original planteaba tres delitos y la querella mantiene ese pedido. Sin embargo, en sus alegatos finales el propio Ministerio Público solicitó que los hechos se consideren un "delito continuado", es decir, una sola conducta con varias víctimas. En ese caso, la pena podría ir de dos a seis años.
El umbral de los cuatro años
Ese número es clave. Si el juez fija una pena cercana al mínimo, como suele ocurrir con acusados sin antecedentes como Páez, la ley brasileña permite reemplazar la prisión por penas alternativas, como trabajo comunitario, que podrían cumplirse desde la Argentina.
Si la supera, ya no habría sustitución y el régimen inicial sería semiabierto, lo que complicaría cumplir la condena desde el país. Un acuerdo del Mercosur permitiría hacerlo en el país de origen, pero requiere la aprobación de ambos Estados.
En cualquier escenario, la sentencia podrá ser apelada por cualquiera de las partes, lo que demoraría el eventual cumplimiento de una pena.