Esperan su lote desde 2021: el dato que trabó todo y los tres juicios que nadie puede destrabar

Cinco años después de que el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) anunciara que las tierras de La Meseta serían "próximamente anexadas" al ejido de Neuquén, el loteo social de la Cooperativa 127 Hectáreas sigue sin concretarse. Las familias que se inscribieron esperan un lote o la devolución de su dinero, y las respuestas ya no dependen de un solo tribunal.

El conflicto avanza por tres caminos judiciales distintos, que a veces se cruzan y a veces se contradicen. En el fuero penal se investiga si hubo una estafa. En el civil se discute si la cooperativa cumplió los contratos con sus asociados. Y en uno de esos juicios civiles apareció un tercer actor, el Estado, que podría llevar la causa a otro fuero.

El origen: un convenio que quedó a mitad de camino

Para entender los tres frentes hay que volver a 2020. En plena pandemia, la cooperativa firmó un primer convenio con el IMUH y la Subsecretaría de Comisiones Vecinales para desarrollar en conjunto un predio en La Meseta. Desde 2021, el propio Municipio le derivó carpetas de postulantes inscriptos en el registro de vivienda: una nota oficial de octubre de ese año contabilizó 1.387.

El paso necesario era incorporar esas tierras al ejido urbano, condición indispensable para urbanizarlas. El Concejo Deliberante declaró de interés la ampliación en junio de 2021 y, en septiembre, la Municipalidad, el IMUH y la cooperativa firmaron un convenio para ofrecer lotes con servicios, "previa incorporación de las tierras al ejido urbano". Esa incorporación requería una ley de la Legislatura y, según la cooperativa, su lote quedó afuera. A partir de ahí comenzaron las denuncias. ¿Por qué los diputados excluyeron el lote de las 127 Hectáreas en el nuevo ejido? Hasta ahora nadie puede contestar.

Ese hecho, que las tierras nunca entraran al ejido, es el centro de toda la polémica. Y cada fuero lo lee de una manera distinta.

Primer frente: la causa penal por presunta estafa

La pregunta que busca responder la Justicia penal es si hubo un engaño. En el banquillo está Jorge Salas, presidente de la entidad y exfuncionario provincial del IPVU, junto a otras dos integrantes de la comisión directiva. El juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos de estafa reiterada contra los tres.

Para la fiscal Rocío Rivero, la cooperativa no era dueña de los terrenos que vendió y cobró, los lotes estaban fuera del ejido y se brindó información falsa sobre su incorporación a la ciudad y sobre la propiedad del loteo. Lo que la entidad presenta como un incumplimiento del Estado, la fiscalía lo interpreta como parte de la maniobra.

La cooperativa rechaza esa lectura. "La acusación habla de un ardid, un engaño, en donde una persona captaba gente, otra hacía los papeles y otra cobraba", resumió su secretario, Gustavo Aguirre, quien cuestionó la solidez de la investigación y recordó que la fiscalía había anunciado inicialmente cargos contra más integrantes de la antigua comisión directiva.

El juez declaró el caso como causa compleja y le dio a la fiscalía seis meses para completar la investigación antes de presentar la acusación para un eventual juicio oral. En esa misma audiencia rechazó la inhibición general de bienes y el embargo de vehículos que había pedido la acusación.

Este frente tiene un efecto directo sobre el dinero. Según Aguirre, los adherentes pagaban por transferencia a una cuenta de la cooperativa en el Banco Credicoop, que hoy acumula alrededor de 400 millones de pesos. Esa cuenta está inmovilizada por una medida de la causa penal y seguirá así mientras avance la investigación.

Segundo frente: los juicios civiles por contrato

En el fuero civil el conflicto es otro: si la cooperativa cumplió o no con lo que prometió a sus asociados. Aquí no se discute si hubo delito, sino incumplimiento de contrato, y lo que reclaman los demandantes es el lote o la devolución de lo pagado.

La cooperativa tiene varios expedientes y en algunos obtuvo resoluciones favorables, aunque ninguna define el fondo del reclamo. En abril, la jueza María Eliana Reynals declaró la caducidad de instancia en un juicio iniciado por 48 adherentes en marzo de 2025, porque los demandantes no impulsaron la causa durante más de 200 días.

La jueza les impuso las costas y, según estima la cooperativa, cada uno podría tener que afrontar entre 18 y 26 millones de pesos. La caducidad cierra ese proceso por una cuestión de plazos, pero no determina si la cooperativa cumplió o no.

La entidad informó además que se levantaron embargos civiles en su contra en al menos tres causas. En una de ellas se liberaron 165 millones de pesos y en otra, según la cooperativa, el levantamiento de un embargo por 415 millones quedó firme tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Tercer frente: el planteo que mete al Estado en la discusión

El tercer eje nació dentro de uno de esos juicios civiles y es el que podría cambiar la naturaleza del caso. Cuando un grupo de adherentes demandó a la cooperativa por cumplimiento de contrato, la entidad respondió que no se podía decidir si ella había incumplido sin analizar al mismo tiempo qué hicieron el Municipio y el IMUH con los compromisos que habían firmado. Advirtió incluso que, si resulta condenada, les reclamará a esos organismos lo que deba pagar.

La jueza de la causa aceptó el pedido y el 13 de agosto citó a la Municipalidad y al IMUH como terceros. Así el expediente llegó a la Fiscalía de Estado.

El 26 de agosto, el fiscal de Estado Raúl Gaitán planteó una excepción de incompetencia: le dijo a la jueza civil que el caso no le corresponde y pidió que pase al fuero procesal administrativo, el que resuelve los conflictos en los que se discute la actuación de organismos públicos. Se apoyó en la Ley 1305, que establece que esa competencia no puede cederse a otro fuero, y en el Código Procesal Civil, que excluye de los juzgados civiles los reclamos sobre responsabilidad del Estado. También citó fallos del TSJ en casos similares de escrituración y adjudicación de tierras.

Para la cooperativa, el planteo le da la razón. "Nuestro fundamento es que esto es el incumplimiento de un convenio entre la cooperativa y organismos públicos", sostuvo Aguirre. Pero el escrito de Gaitán no dice eso. El fiscal aclaró que su presentación no implica reconocer los hechos, los derechos invocados ni la autenticidad de la documentación. Su planteo no define si el Estado es responsable, sino qué juez debe responder esa pregunta.

Cómo se cruzan los tres frentes

La paradoja del caso es que un mismo hecho, que los lotes quedaron fuera del ejido, sostiene dos relatos opuestos. Para la fiscalía penal es prueba de un engaño. Para la cooperativa, es la consecuencia de un proyecto conjunto que el Estado no terminó. Y mientras el fuero civil discute contratos, el dinero que podría responder a esos reclamos está congelado por una medida del fuero penal.

Si el planteo de la Fiscalía de Estado prospera, un juez administrativo tendrá que analizar a la vez el reclamo contra la cooperativa y el papel del Municipio y del IMUH. Por primera vez, el Estado quedaría formalmente sentado en el banquillo civil del caso, aunque eso no implica que vaya a ser declarado responsable.

En el fuero civil, la jueza deberá resolver si acepta el pedido de Gaitán. Si lo rechaza, el fiscal adelantó que llevará la discusión al TSJ. En el fuero penal, la fiscalía deberá presentar su acusación dentro del plazo de seis meses.

El propio TSJ, en uno de los fallos que cita el fiscal, reconoció que las disputas sobre qué juez debe intervenir suelen demorar los procesos. Mientras tanto, las familias que en 2021 fueron derivadas por el Municipio para acceder a un lote en La Meseta siguen esperando.